La víspera, la comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó legislar una iniciativa que busca indultar por motivos humanitarios a esas personas, la mayoría jóvenes, que según fuerzas de oposición y del movimiento social son víctimas de un encarcelamiento excesivamente largo sin causas justificadas en gran parte de los casos.

La propuesta, que salió adelante por tres votos a favor y dos en contra, ahora deberá ser debatida por el pleno del senado, aunque inmediatamente el vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, declaró que la iniciativa carece de fundamentos legales y que en consecuencia el gobierno la rechazará si es aprobada por la Cámara Alta.

En sesiones previas, la comisión escuchó los argumentos a favor o en contra de representantes del Poder Judicial, la Fiscalía Nacional, la Defensoría Penal Pública, familiares de los presos y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros.

El proyecto de indulto general para los presos durante la revuelta popular fue presentado por cinco senadores de oposición el 10 de diciembre último y prevé tener en cuenta a todos quienes se mantienen presos o fueron imputados o condenados en el marco del estallido social entre el 17 de octubre de 2019 y hasta hoy.

Según datos de diferentes instancias, son cientos quienes siguen tras las rejas, algunas por más de un año en prisión preventiva, en espera de una resolución judicial, aunque el gobierno lo niega y advierte que esas personas han cometido delitos graves y liberarlas sería estimular la violencia.

En esencia, el proyecto plantea que de manera excepcional se decrete la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena cuando corresponda, y se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los Derechos Humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional sobre esta materia.

Asimismo señala que apunta a ‘la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran desde hace más de un año las personas, especialmente jóvenes, que fueron imputadas por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido social’.

Los impulsores de la iniciativa aseguran que esta se basa en que las imputaciones de hechos delictivos ‘acaecieron en un marco anormal de graves y masivas violaciones a los Derechos Humanos’ y que la mayoría de las personas potencialmente beneficiadas serán jóvenes vulnerados en sus derechos sociales y económicos.

La liberación de los presos de la revuelta se ha convertido en los últimos meses de una de las principales demandas de las manifestaciones en esta capital y otras ciudades del país.