Debido al ordenamiento monetario que comenzó en Cuba el 1ro de enero de este año los precios del agro también aumentaron. No obstante, y con el objetivo de que no crecieran desmedidamente, por encima del incremento de los salarios, pensiones y jubilaciones, la dirección del país puso en manos de los gobiernos territoriales la facultad de aprobar los precios de compra al productor, los mayoristas y los máximos minoristas de los productos agropecuarios de primera calidad en toda la red de comercialización.
El reto está en controlar y exigir el cumplimiento de esa medida, tanto en los establecimientos administrados por el Estado como en los particulares. Lo había dicho el presidente cubano cuando anunció en diciembre la fecha de inicio de la Tarea Ordenamiento: no se permitirán los precios abusivos y especulativos, pues se enfrentarán socialmente con medidas de contención y severas sanciones a los incumplidores.
Para hablar de este y otros temas del proceso de ordenamiento monetario comparecen en la Mesa Redonda el jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, y la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss.
Incrementar y diversificar la producción de alimentos
Al iniciar su intervención en la Mesa Redonda, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, recordó que incrementar y diversificar la producción de alimentos destinados fundamentalmente a la población, así como disminuir las importaciones a partir de ir aumentando la soberanía alimentaria, es una de las prioridades definidas dentro de la estrategia socioeconómica del país.
El propósito, continúo, es cubrir en todas las épocas del año la producción de alimentos per cápita, tanto en viandas, hortalizas, y también en productos agropecuarios y en los procesados por la industria.
Hizo referencia al tema de los precios de los productos agropecuarios, que pasa por fijar el precio de compra al productor (campesino, usufructuario de tierras, cooperativas de producción agropecuaria y de créditos y servicios), en función del resultado de su producción.
Explicó que esas producciones acopiadas tienen varios destinos: venta minorista a la población, consumo social (hospitales, escuelas, centros deportivos, sistemas de atención a la familia y comedores obreros), la industria y el turismo.
“En el ordenamiento monetario esto toma una mayor relevancia, porque como explicaba Murillo Jorge, en las diferentes esferas y sectores tenemos puntos de partida, y en el punto de partida donde se hicieron los análisis para ver entonces cómo formar los precios en la Tarea Ordenamiento e incluso las facultades para determinar precios, teníamos que tener en cuenta también de que teníamos ya precios de acopio establecidos con un nivel de centralización importante en el acopio de esas producciones.
“En los últimos 10 años, aproximadamente, se fueron actualizando e incrementando precios de compra a los productores para incentivar las producciones, y también se produce en un momento determinado una actualización y un incremento de los insumos agropecuarios que requieren estos productores y se vuelve a producir una actualización de esos precios de acopio y donde los precios se fueron quedando, aún cuando en determinadas producciones se fueron dando incrementos de los costos”.
¿Cuáles son los principios para formar los precios?
La ministra comentó que se dispusieron y aprobaron principios para formar precios de compra o precios de acopio.
En primer lugar, con el objetivo de que el productor reciba las señales del mercado, sobre todo en aquellos productos en los cuales se prioriza la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones, como tabaco, caña de azúcar, miel de abeja, leche, arroz, frijoles y maíz para alimento animal.
“De manera de que los precios de acopio que se diseñen, estén cercanos, dígase solo por las diferencias de calidad, a esos precios de referencia del mercado internacional”.
Igualmente, comentó, se reconoció en los costos el efecto de la devaluación, “pero una devaluación donde hay un nivel de consumo de servicios que, como hemos explicado en otras ocasiones, responde a servicios transversales, con niveles de crecimiento que por supuesto no son igual al valor de la devaluación.
“Estamos hablando de las tarifas eléctricas, que es uno de los temas que hoy saltan como mayor preocupación entre los productores”, reconoció la ministra y acotó que el mayor componente de estas tarifas es el combustible, uno de los temas —anunció— que se explicará en otra ocasión, pues a partir de las preocupaciones se está evaluando.
A su vez, hay un gasto de combustibles, otro por la fuerza de trabajo y aquellos asociados a insumos para las producciones, cuya disponibilidad se ha ido ubicando en la actualización del precio y que se tiene en cuenta para las importaciones.
“Cuando se importa y se pone como parte del llamado paquete tecnológico para esa producción, estamos hablando de una importación que es un dólar por 24 pesos. Que si utilizamos ese insumo nacional, los costos son menores”.
La ministra de Finanzas y Precios argumentó que otro de los principios que se siguió es que, como norma, no se subsidian estas producciones, salvo aquellas que tienen un impacto importante, dígase en el desarrollo de la economía, como es la sustitución de importaciones (por ejemplo el arroz y el maíz para el consumo animal), o en el consumo de la población.
Otro principio es que se mantiene la masa de utilidad que por esas producciones se venían obteniendo. “Porque si usted incrementa el costo, ante determinado rendimiento y no tiene mayores producciones por esa misma hectárea, pues la rentabilidad sobre su cosecha disminuye y entonces en aras de seguir estimulando el sector y de reconocer la importancia que tiene lograr los niveles de producción que nos planteamos, en un sector que tiene el compromiso tan importante de producir los alimentos de toda la población, se aprobó el principio de mantener la masa de utilidad”.
Por ejemplo, “cuando se diseñó la formación de precios de una tonelada de arroz sobre un rendimiento de cuatro toneladas por hectáreas de cáscara húmeda, se respeta la utilidad obtenida desde el precio anterior de 1 354 pesos la tonelada. Estaríamos hablando del doble, si nos referimos al arroz consumo, porque una tonelada de arroz consumo es dos veces una tonelada de arroz cáscara húmedo”.
La ministra hizo referencia al principio que tiene que ver con la necesidad de avanzar hacia la descentralización de los precios de acopio y de los de la cadena de comercialización de los productos agropecuarios, dejando solo aquellos de mayor relevancia.
En función de eso, señaló, se aprobó y reguló 30 precios de acopio centralizados, 15 a través del acuerdo del Consejo de Ministros (seis corresponden a diferentes surtidos de tabaco) y otros 15 por el Ministerio de Finanzas y Precios.
“En todos estos productos que tienen precios de acopio, tanto los centralizados como los descentralizados, se produce un incremento de los precios de acopio por el efecto del incremento de los costos y por el principio de mantener la misma masa de utilidades. Hay productos que crecen 1,9 veces, otros más de tres veces, como por ejemplo la papa, que a partir del crecimiento de sus producciones y también por el incremento de los costos, es el único producto donde la masa de utilidad del precio de acopio anterior, con respecto al que se ha dispuesto, se incrementa: ante estaba alrededor de 254 pesos la tonelada y crece a poco más de 400 pesos”.
Según el criterio de las formas productivas, ese respeto de la masa de utilidad conlleva a menos rentabilidad, sobre lo cual la ministra explicó que habrá que transformar esa rentabilidad para incrementarla. “Por ejemplo, estábamos hablando antes de producciones que tenían más del 50% de rentabilidad, pues había un interés también de estimular la producción, y que a veces no en todos los casos tuvimos el resultado que quisimos en términos de incrementos, pero esos precios también se respetaron, como los del frijol y el arroz”.
La justa balanza
En cuanto a los precios descentralizados, la titular del MFP reafirmó que las empresas de acopio o las agropecuarias y los gobiernos locales tienen la facultad de concertar los precios con las formas productivas, respetando en líneas generales los principios aprobados.
“No todo lo podemos dejar centralizado, porque no siempre se produce bajo las mismas condiciones, ni territorialmente se tienen los mismos costos para iguales producciones, porque incluye a los efectos del que compra la producción, sus gastos de transportación y otros asociados al mantenimiento de los mercados.
“No es igual producir malanga en el oriente del país, que producir malanga o papa en Mayabeque y Artemisa. Hay también condiciones climatológicas, determinada experiencia e incluso calidad de tierra para garantizar esas producciones. Entonces, no podemos pretender mantener la centralización, lo cual también es un pedido de las formas productivas”, abundó.
Este paso, valoró, generará mayor responsabilidad en las empresas acopiadoras y agropecuarias y en los gobiernos municipales, pues “según el precio que se concerte, será entonces el precio minorista”.
Insistió en la importancia de controlar esos precios y comentó que se decidió mantener un subsidio temporal a cuatro producciones: arroz, maíz para el alimento animal, tomate con destino a la industria y el café robusta.
Bolaños Weiss recalcó en su intervención que “es importante que los productores no solo saquen las cuentas del incremento de los costos, de cuál será la utilidad, de cuánto podrían mejorar en sus rendimientos, reconociendo las limitaciones de disponibilidad de insumos que se utilizaba hace un año y medio atrás, sino que se den cuenta del impacto que hay en la carga tributaria”.
Se aprobó que los productores paguen menos impuestos
Como parte de la Tarea Ordenamiento se aprobó que los productores paguen menos impuestos, lo cual tributa a mayor utilidad, “si somos más eficientes y buscamos mayor rentabilidad en el producto”.
Se refirió al impacto en los productores individuales agropecuarios, como las cooperativas, del cálculo de la utilidad per cápita (utilidad por socio de la cooperativa). Por ejemplo, de 10 000 pesos que no estaban grabados, pasan a 39 120 pesos.
“Se está dejando al productor agropecuario un nivel considerable de 3 260 pesos mensuales para que pueda enfrentar el costo de la vida, pero esta utilidad o desgravamiento se verá más o menos en la medida que generemos producciones, porque el Estado lo que está haciendo es no imponer el impuesto sobre esa cantidad de dinero, pero hay que generar el ingreso y este se genera produciendo”.
Prácticamente, dijo, se está dejando como libre del pago de impuestos un poco más de dos canastas básicas de referencia de 1 528 pesos.
Otra medida que impacta en el ingreso de los productores individuales es el descuento del 100% de los gastos (antes era el 70%) en el que tiene que incurrir para lograr sus producciones y la obligación de justificar solo el 80%.
“Cuando nosotros revisamos un poco la ficha de costo para estos precios, decíamos que algunos como el combustible, la electricidad y el pago de la tarifa del agua se pueden justificar porque hay comprobantes, así también la entrega de los insumos, tantos nacionales como los que entregados por las empresas agropecuarias. Igual la nómina de los trabajadores que contrata. Por tanto, tendrá condiciones para poder justificar esos gastos”.
La ministra comentó que también desaparece la escala progresiva en el impuesto. Al final del año, sólo se aplica el 5% sobre el ingreso resultante después de descontados esos gastos.
Murillo: Se constató más problemas en los precios descentralizados que con los centralizados
El jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos aseveró que no hay nada más complicado en la economía que el tema de los precios y en particular de los agropecuarios, porque pasa por los rendimientos agrícolas y dentro de ellos los insumos y la calidad de las tierras.
“No es lo mismo sembrar una hectárea de boniato en Santiago de Cuba y venderlo en Manzanillo, que producir en Mayabeque y después venderlo en el mercado de La Habana, que es más solvente”.
“Por eso en la Tarea Ordenamiento se quedaron centralizados solo 30 productos con algunos surtidos, pero a ellos le sumamos los ejemplos del tabaco, que explicaba la ministra, y la caña, que es para la industria. Por lo tanto, nos fuimos quedando con 20 o 22 productos (cerdo, leche, plátano, boniato), el resto se descentralizó a las empresas estatales que compran productos a los gobiernos poniéndose de acuerdo con la base productiva”.
Dijo que en un reciente recorrido se constató más problemas en los precios descentralizados que con los centralizados. “El fantasma de que las personas usan más las facultades en el caso de los precios descentralizados de acopio, no fue así”.
Murillo Jorge acotó que en los últimos años la política fue subir los precios de acopio para estimular la fase productiva, en un ambiente de uno por uno, “no siempre llegaba a los precios minoristas y ese pedazo sí caía en el presupuesto del Estado”.
“Aquí hay una ruptura, un cambio; el presupuesto del Estado está para financiar los programas públicos y a los productores agrícolas de manera no permanente, pero lo que no puede ser es que todo pase por el presupuesto del Estado. Eso se quitó, al igual que los subsidios, porque le subimos los ingresos a la producción”.
Si nosotros cogíamos, ejemplificó, los precios de acopio anteriores para estimular a los campesinos y lo comparábamos con el precio en el mercado internacional, el tipo de cambio implícito no era de 1×1 sino 13×1 y eso daba alta rentabilidad en algunos productos. “Eso hay que rectificarlo, sin desestimular a los productores agropecuarios” y para no hacer esto la filosofía fue mantener la masa de utilidad por tonelada, nunca el margen.
Ahora ha sucedido, dijo Murillo Jorge, que hay productos en los cuales el crecimiento de los costos ya no ha garantizado la masa de utilidad, porque crecieron los costos de los insumos en el mercado mundial y la tarifa de electricidad, de ahí que la decisión es ir a un nuevo momento, bajo el principio de mantener siempre la masa de utilidad y no la tasa de rentabilidad que tenía, porque no es posible.
Sobre estas modificaciones en los precios de acopio, la titular del MFP ejemplificó que el precio que se estableció para el arroz cáscara húmedo fue de 5 439 pesos la tonelada y para el arroz consumo 10 878.
Se realizó, dijo, una revisión integral, que contó con la participación de todos los organismos y empresas que tienen que ver con los principales costos asociados a las producciones agropecuaria.
Ajustes a los precios
La ministra comentó que se aprobaron determinados ajustes, “porque no es que los precios tuvieran una base de cálculo errada, sino que hubo que ajustar, a partir de que ese proveedor del servicio tuvo que ir también a buscar indicadores de eficiencia, ajustar gastos o costos contra otras producciones o servicios y también tuvo que intervenir, una vez más, el presupuesto del Estado con un incremento de su subsidio temporal”.
En cuanto al arroz, puntualizó, se hizo un ajuste importante de la tarifa (4,8 el crecimiento) de abasto de agua para el riego en la cosecha, de 126 pesos del millar de m3 pasa a 86 pesos, en tanto se hizo una reducción de los servicios de siembra y fumigación aérea, en más 3 000 pesos la hora productiva y se llevó a 14 000 la improductiva.
También las modificaciones incluyeron los servicios de las empresas agroindustriales, que son las que tienen el vínculo con los productores. “Estos reajustes deben quedar ahora materializados a través de los contratos con las formas productivas en más 3 000 pesos por hectáreas”.
“Teniendo en cuenta que la producción de arroz es priorizada en la entrega e insumos y paquetes tecnológicos, porque es una de las producciones que más sustituye importaciones en función del consumo social y de la población, aún así tuvimos que incrementar la entrega del subsidio temporal para que se le pague un poco más al productor cuando entrega el arroz consumo, a partir de cosechar el arroz cáscara húmedo y desde este se produce un incremento de 389 pesos más por la tonelada del arroz cáscara húmedo, que equivale entonces a 780 pesos la tonelada de arroz consumo”.
La ministra informó que esto demanda del presupuesto 220 000 000 de pesos, que “tendrá que otorgarse a partir de una ejecución real de esas producciones y de los principios de redistribución presupuestarias, así como del uso y manejo adecuado de las reservas y ahorros en otras partidas”.
Bolaños Weiss señaló que también se analizó la situación con la producción de cerdo, en cuanto a la preocupación debido a los elevados precios de los piensos importados y nacionales.
La decisión, informó, fue disminuir en alrededor de un 60% el precio de venta del pienso nacional, que a los efectos de la fábrica de pienso, equivale solo a crecer en la producción y venta a productores en 1,5 veces aproximadamente. “Por tanto, se ha tenido que hacer un reajuste que tribute a los resultados económicos-financieros de esa fábrica”.
En el caso de la leche, la ministra precisó que en la norma jurídica se establece que un litro se pague hasta 7,50 pesos, con anterioridad era entre 4,50 y hasta 5 pesos.
Explicó que la leche tiene calidades, que son chequeadas por la industria cuando va a contratar las producciones a un precio, en un rango de 6,80 a 7,50, pero independientemente de ese precio de 7,50, están contenidos por litros de leche 15 centavos por el enfriamiento.
“Los productores deben saber que dentro del precio de hasta 7,50, la industria cuando acopia la leche pagará 15 centavos por ese enfriamiento y si por determinada situación no puede recoger esa leche y ya lleva más horas de enfriamiento o se dan dificultades, entre las partes tienen que financiar cómo financiar lo perdido, porque constituye un gasto energético que tiene la forma productiva”.
En cuanto al acarreo de leche, detalló que es un precio por litro de leche que es prácticamente similar al precio internacional. “Estamos hablando de 3 500 dólares la tonelada de leche en polvo y cuando esa tonelada la convertimos en un litro de leche estamos hablando de alrededor de 0,30 centavos, prácticamente igual que cuando hace la conversión entre 7,50 entre 24 pesos”.
La decisión, argumentó, fue diferenciar del precio del acopio de la leche, el pago por el acarreo, e informó que, por el acarreo de hasta 6 km, el acopiador va a pagar 30 centavos. “Se debe diferenciar así porque no siempre el que acarrea la leche es el productor, eso sucede en los productores individuales, lo cual demanda también una financiación por ese concepto de acarreo”.
En el caso de la malanga, plátano y boniato se determinó descentralizar los precios de acopio, dígase los de compra al productor, y solo dejarlos centralizados para el acopio con destino al consumo social, al sistema de atención a la familia y a la dieta médica.
La titular comentó que hasta ahora se ha entendido esta medida, en tanto en la base se hacen correcciones, con la posibilidad de que los gobiernos apliquen bonificaciones impositivas.
De acuerdo con la ministra, en el caso de la guayaba, mango, fruta bomba y tomate se rebaja el precio de acopio centralizado para lograr mejores precios de entrada de estas frutas a la industria, “manteniendo su concertación de precios para otros consumos”.
La calabaza queda descentralizada totalmente para todos los consumos, tanto las empresas de acopio como las agropecuarias, mientras los gobiernos podrán establecer precios concertados para esta vianda.
Casi al finalizar la Mesa Redonda, Murillo Jorge explicó que las decisiones tomadas en cuanto al precio del arroz, que lleva un financiamiento de 220 000 000, los piensos porcinos (1600 000 000) y el acarreo (100 000 000), totalizan 1 920 000 000 pesos. “Es justo y ahora debe verse cómo se organizará”.
“Hay creados tres grupos de trabajos que salen a las provincias a discutir las decisiones tomadas con las bases productivas. Esto permitirá que se den las explicaciones oportunas”, aseguró y dijo que en la propuesta de descentralización se aplicará el mecanismo de “precios duales”, o sea, de distintos precios según el mercado.
“Tiene que haber una estricta disciplina y se tendrá que cumplir. Esto es un compromiso social de las fuerzas productivas”, concluyó.
