Independientemente de todas las incongruencias en las normativas tributarias, que lógicamente existen y hasta contribuyen a distorsionar la realidad económica, me encontré con una disyuntiva muy común:

La misma persona que pedía a voces hace año y medio una sacudida que diera ventajas a la privatización y la liberación de las fuerzas productivas no estatales, hoy, entre cuatro o cinco menos adiestrados en el complejo mundo de los negocios daba prácticamente una conferencia de cómo sortear el sistema y evadir el fisco.

Ironías de la vida que unos atañen al sistema, en público o en privado, y en la práctica cuando adquieren esas libertades para realizar sus negocios acuden a los esquemas de mutilación de ingresos para el gasto público en detrimento de las captaciones financieras que pudieran llegar a las arcas del gobierno local.

Típicas evasivas son las subdeclaraciones de ingresos, la negativa a operar entre negocios a través de cuentas bancarias o transferencias electrónicas, la todavía esquiva adopción de una contabilidad personal comprobable, o la tendencia a no hacer negocios con personas jurídicas para evitarse que los pagos entren en operaciones comprobables. Hay muchas más, unas conocidas y otras menos conocidas.

Esto sucedió en Jobabo y no es la primera vez que aparecen escenas similares, unas más palpables que otra en sofisticada búsqueda de una estafa a la ONAT, no solo aprovechando las lagunas de un control tributario salpicado de carencias materiales y atosigado de papeleo y restricciones, sino también de las propias inconsistencias que en forma de beneficios otorga la legislación vigente.

En palabras claras, cabe la interrogante ¿Si usted aboga que el Estado no medie en su negocio más allá del cobro de impuestos, por qué quiere quitarse de encima también esos aportes o reducirlos al mínimo?

Es un hecho que se necesita ir reduciendo burocracia en los constantes papeleos dentro del sistema impositivo, sobre todo que haya un mecanismo más eficaz para evitar que haya que acudir presencialmente a hacer declaraciones innecesarias cuando a ciencia cierta se sabe quién o quiénes pueden tener posibilidades de aportaciones al concluir un calendario.

O simplemente mejorar las formulaciones de beneficios fiscales para determinados segmentos de la amplia gama de proyectos de negocios privados ya van cobrando fuerza, incluso, algunos se pronuncian por buscar formas menos agresivas con el cobro de impuestos a campesinos y productores de otros bienes de primera necesidad.

Pero, de ahí, de esas demandas o sugerencias legítimas a dar una zancada larga yendo por el camino de la evasión fiscal el tomo tiene a cobrar otro rasgo socialmente nocivo que iría a parar al delito, el canibalismo financiero y la secuencia en cadena de un mal que alteraría la parte buena del cuentapropismo.

Solo veo que los funcionarios de la administración pública tendrán en un futuro inmediato que rediseñar sus estrategias de controladores y adoptar nuevas maneras de detectar conductas evasivas, de lo contrario, podrán subir la cifra de negocios de todo tipo pero las aportaciones no tendrán ese efecto clave en los presupuestos públicos.

Que se aborde este tema no es una satanización al cuentapropismo o a la apertura que en materia de negocios privados está teniendo el municipio (en correspondencia con la política nacional), mucho menos un ensalzamiento para que los malos interpretadores acudan ahora a excederse en los controles sin sentido, sino más bien para que de ambas partes, se conduzcan por el camino de la institucionalidad con buenas prácticas.