Al intervenir en el espacio televisivo, Rodríguez Ruiz dijo que esta es una continuidad de la información que se brindó en la Mesa de este 8 de enero, relacionada con el incremento de los precios del combustible, el gas licuado y la electricidad.

“No solo es un tema anunciado, sino también que, dentro de la propia proyección de las medidas que fueron expuestas por el primer ministro en el marco de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pues se señala esta actualización de las tarifas de transporte”.

Hay un elemento esencial, sostuvo la viceministra. “En todo el encarecimiento de los costos de las producciones, es el transporte es el que en primer momento tiene el efecto de la aplicación de un incremento de los precios del combustible; o sea, cada una de las modalidades de los servicios de transportación tiene un efecto inmediato de actualización; es la producción que después de la generación eléctrica también tiene un peso sustantivo en la actualización de los costos, a partir de los precios de los combustibles”, explicó.

Consideró que es imprescindible explicar a la población “que las tarifas de transportación que se están actualizando y que estamos en el deber de informar al detalle a nuestro pueblo, está también matizada por la desactualización durante los últimos tres años, de otros componentes de los costos de la actividad del transporte que no han sido actualizados”.

Desde enero del 2021 aplicamos en el país las tarifas de los diferentes servicios de transportación, tanto en pasajeros como en carga, dijo.

“Ha sido un análisis, incluso, de discusión en los colectivos de trabajadores del sector de los transportistas, teniendo en cuenta de que muchas de estas producciones estuvieron también teniendo resultados de pérdida en los ejercicios económicos de los años, fundamentalmente, 2022, 2023 y conllevaron las afectaciones en el orden del funcionamiento financiero de las empresas; también acompañado de la fluctuación laboral de trabajadores y especialistas de este sector”, refirió Rodríguez Ruiz.

Agregó que “hay un efecto estudiado de las medidas de actualización de todos los costos, no solo del precio del combustible, sino también de lo que a razón del recrudecimiento del bloqueo, del propio manejo de la inflación internacional en la que estamos inmersos en nuestra economía, pues hay un alto efecto de otros gastos incrementados como son elementos clave para la transportación: neumáticos, baterías, las partes y piezas de repuesto, a pesar de todo el esfuerzo de innovación y de recuperación de piezas que se hace por los transportistas, pero en todo ello también están hoy estas valoraciones de los costos que se requieren actualizar”, señaló.

Explicó que el estudio que se estuvo actualizando durante el año 2023 contiene las aplicaciones de un nuevo precio del combustible, y, en consecuencia, pues pondría en mejores condiciones de funcionamiento a las actividades económicas que realizan este servicio de transportación, tanto de pasajeros como de carga.

“Aunque, por el interés que representa en la población, vamos a entrar más al detalle en la información que trasciende a nuestro pueblo, que es precisamente la transportación de pasajeros”, comentó la viceministra.

Insistió en que una de las consecuencias de lo que ha estado ocurriendo en estos años es precisamente el impacto que tiene en las empresas del transporte. 

Ante las interrogantes de en qué dimensión ese impacto repercute en dichas empresas y trabajadores, la viceministra refirió que a todas las empresas las ha afectado.

“Ello ha llevado a que tuvieran resultados negativos, o sea, que no llegaran a cubrir sus costos con sus ingresos, a pesar de modalidades diferentes que se fueron aplicando”, dijo Rodríguez Ruiz, quien mencionó que en 19 empresas ha habido pérdidas.

Señaló que en el año 2023 el presupuesto del Estado financió alrededor de 300 millones de pesos, aunque el ejercicio concluye cuando se financien las pérdidas del mes de diciembre, lo cual se hace a partir de los estados financieros recientemente emitidos por las empresas.

La viceministra destacó que no solo las empresas con pérdidas han tenido una afectación financiera a partir de estos incrementos de los costos. “También se están afectando los ingresos de los trabajadores, lo cual se relaciona con la fluctuación. Actualizar nos traería también un impacto positivo sobre esta masa de trabajadores que es un número considerable, cerca de 62 000, quienes se beneficiarían de la actualización de las tarifas de su actividad.

“Con ello, además, poder hacer un manejo eficiente de los niveles de actividad, de los resultados de reaprovisionamiento de las condiciones, en tanto el parque motor nuestro tampoco es tecnológicamente nuevo y el esfuerzo por la reparación permanente tiene costos en la economía”, dijo.

Apuntó que estaríamos en mejores condiciones, a partir de la actualización de las tarifas para el resultado económico de la actividad empresarial.

Al intervenir en el espacio televisivo, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, precisó que se ha venido trabajando de conjunto con el Ministerio de Finanzas y Precios y no es un proceso que se ha hecho a la carrera, sino que es algo que se ha venido trabajando y profundizando en cada estructura de costos, para evitar que las tarifas contuvieran ineficiencias dentro de su magnitud.

El ministro aclaró que todas las tarifas se actualizan, las de pasajero y las de carga. “La diferencia está en que no en todos los casos la modificación se traslada a los precios que paga la población, porque lo que hemos hecho es mantener la mayor cantidad de precios posibles en la magnitud que lo puede respaldar el presupuesto. Hay precios que sí ha habido que trasladar al cliente final”, dijo.

Explicó que más del 70% de los pasajeros va a seguir pagando las tarifas que hoy recibe, mientras que un grupo de estos no se puede mantener debido a que no es posible mantenerlos financieramente, por el monto que tiene que aportar el presupuesto para poder cubrir esa diferencia.

El ministro informó que, por ejemplo, en el caso del transporte urbano, que es el más conocido, el precio promedio actual es de 1.70 pesos, teniendo en cuenta que en La Habana el precio es dos pesos mientras que en el resto de las provincias es de 1 peso.

“El promedio ahora es de 4.92 pesos. En realidad, el costo real del pasaje en La Habana es de más de 5 pesos. Sin embargo, la decisión es mantener como están en la actualidad estos precios de lo urbano, el suburbano, el interurbano, el rural de fácil acceso, el rural de difícil acceso y los de lanchas, que son los que mueven al grueso de la población a diario para ir al trabajo, a la escuela.

“Aunque las empresas que prestan los servicios actualizarán las tarifas, el presupuesto del estado compensará la diferencia entre lo que paga la población y lo que realmente debería cobrar la empresa para cubrir sus costos y obtener una ganancia mínima, permitiendo así que los trabajadores operen de manera eficiente”, dijo el ministro.

Según comentó Rodríguez Dávila, la actualización de las tarifas también tiene en cuenta el costo del combustible, así como los gastos de recuperación de autobuses deteriorados, y para eso necesitan un capital que con tarifas en pérdida tampoco pueden cubrir. “Eso significa que el presupuesto tiene que poner más de 2000 millones de pesos en el año para cubrir esa diferencia entre el precio y la tarifa y poder proteger importante movilidad en la población”, detalló.

Es decir, el transporte urbano, que es el más utilizado por la población, no modificará sus precios, insistió.

“Lo mismo ocurre con las tarifas de los trenes locales. Estos servicios continuarán sin cambios, y el presupuesto de 40 millones de pesos cubrirá las diferencias entre la tarifa que debe cobrar la empresa y la que paga la población, que seguirá siendo la misma. No habrá modificaciones en este aspecto”, dijo.

Ello, señaló, protege tanto a la población como a los trabajadores, quienes también tienen familias y han enfrentado dificultades financieras, como la falta de utilidades y retrasos en los salarios. Las empresas del sector han experimentado dificultades desde mediados de los años 2000, y esta decisión de no modificar los precios, luego de un análisis presupuestario y en aras de proteger a la población, brinda una solución a la movilidad de la población y beneficia a más de 60 000 trabajadores afectados por esta situación. Estas son las tarifas de los servicios locales.

El ministro señaló que también hay otros servicios, como el transporte de estudiantes, profesores y trabajadores, que actualmente son pagados por las entidades contratantes en lugar de la población. 

En el caso de los servicios especializados de salud, son cubiertos por el Ministerio de Salud Pública, y en el caso del transporte de trabajadores, las entidades empresariales y los propios trabajadores pagan una parte.

“No se prevén modificaciones en estos servicios, aunque en las entidades sin presupuesto, la diferencia será asumida por las propias entidades. En el caso de las entidades presupuestadas, el presupuesto del estado asumirá la diferencia como parte del presupuesto de cada entidad, luego de analizar el ahorro correspondiente. En este momento, es necesario apretar el cinturón del presupuesto, como nos ha enseñado el Ministerio de Finanzas. Las empresas estatales asumirán la diferencia con su gestión, sin afectar directamente a los trabajadores”, dijo.

En el caso de los pacientes que necesitan servicios especializados como el de hemodiálisis, el Ministerio de Salud Pública cubrirá esa diferencia de precio con el presupuesto del Estado. Este es otro de los servicios que no sufrirá grandes modificaciones para la población.

Siguiendo en ese mismo orden, explicó que los servicios de inspección también mantendrán las tarifas actuales, que varían según las provincias. En La Habana, este servicio es gratuito, pero en otras provincias se cobra una tarifa establecida que se mantendrá sin cambios. Lo mismo ocurre con los servicios de Medibus, que se prestan para pacientes oncológicos y otros servicios coordinados con Salud Pública en todas las provincias. Estos servicios se mantendrán con el mismo precio para la población.

Todos los servicios esenciales, incluyendo el transporte urbano y los servicios especializados, mantendrán los mismos precios para la población, reiteró.

También se mantendrán los mismos precios para el transporte en bicicleta por el túnel y en lancha. Sin bien, habrá un incremento en la tarifa en el caso de las lanchas, pasando de tres a cinco pesos, y en el caso de las bicicletas y ciclomotores, pasando de tres a cinco pesos y de cinco a diez pesos, respectivamente, aclaró que el costo para los pasajeros seguirá siendo su tarifa habitual.

Rodríguez Dávila reiteró que la mayoría de los servicios de transporte de pasajeros no se verán afectados directamente en la población en términos de modificaciones de precios, y las diferencias serán cubiertas con la participación del presupuesto del estado, que asciende a más de 2500 millones de pesos, y abarca aproximadamente el 74% de los pasajeros, según el sistema informativo del Mitrans.

El ministro también se refirió al precio de las gacelas y los triciclos. En el caso del primero servicio, el que se ofrece en La Habana y Santiago de Cuba, el precio pasa de 5 pesos el tramo a 10 pesos; mientras que en el caso de los triciclos eléctricos el recorrido completo pasa de 4 pesos a 10. “Por su parte, los triciclos de combustión que la tarifa es 2.50 por pasajero por kilómetro y que en cada provincia se realizaron tarifas distintas en dependencia del tramo; ahora pasa a 3.50 por pasajeros cada kilómetro”.

Agregó que en el caso de los otros medios de transporte local como Transmetro, el precio pasa de 5 pesos a 10 pesos el recorrido.

En el caso de los servicios de transporte interprovincial, el ministro afirmó que sí se producirán un incremento de los precios a partir de los costos.

“Estas son tarifas que no se movían desde enero 2021 y esto ha estado provocando pérdidas sistemáticamente. Aquí se trasladan parte de los costos a las tarifas de la población, pues son importes que no se abonan a diarios, sino que la persona puede planificar”. 

Añadió que con este incremento se atenderán a los trabajadores que laboran en ese sistema y se enfrentarán los costos de la actividad.

Aclaró que el servicio de transportación interprovincial se refiere al que se ofrece entre las provincias por ómnibus, trenes nacionales, el servicio de catamarán y ferry hacia la Isla de la Juventud y los servicios de Cubana de Aviación. “Aquí se produce una modificación de las tarifas de manera total o parcial”.

En el caso de Ómnibus Nacionales, Rodríguez Dávila ejemplificó que en la actualidad un viaje a Santiago de Cuba cuesta 255 pesos, el nuevo costo es 717 pesos; mientras que el de Guantánamo pasa de 280 a 786. “Allí se produce un incremento, todas las tarifas se mantiene por debajo de mil pesos (las nacionales más largas y las de trenes con aire acondicionado).

En este sentido, aclaró que se mantiene los precios por el equipaje adicional. “Los servicios interprovinciales no representan ni el 1% de la masa total de pasajeros que se mueven en nuestra estructura de servicios de transportación. Es un servicio importante, porque la población, sobre todo en las fechas señaladas como días feriados, meses de verano o fin de año, utilizan mucho ese servicio”.

Para estos periodos, dijo el ministro, se trata de cubrir estos servicios con transporte adicional, “aunque el año realmente fue muy difícil responder a esas demandas. Son precios que aunque sabemos que se incrementan, se mantiene por debajo de todas las alternativas que existen para la población.”

Por su parte, el ferrocarril también modifica sus tarifas. “El servicio sin aire acondicionad hasta Santiago de Cuba, que es uno de los tramos más largos, costaba 95 pesos y ahora va a costar 670 pesos. Antes costaba 132 pesos, el coche con aire acondicionado desde La Habana hasta Santiago de Cuba, ahora costaría 820”.

“Eran precios que hace mucho tiempo no cubren los costos principales de la actividad. No es solo el combustible, sino el resto de esos costos como es la amortización de esos coches, etc.”.

En el caso de la alimentación, la cual se ha venido subsidiando y cuyos costos se han elevado notablemente, se venderán al costo más un 3% por ciento para cubrir los gastos operacionales, dijo el ministro.

“Esto va a implicar que los precios varíen en dependencia de la oferta y de la calidad. Este es un tema que tenemos que seguir estudiando como el resto de los precios, pero la decisión es no seguir cubriendo el subsidio que hoy se paga”.

Al comentar sobre los precios para la transportación marítima por catamarán y ferry hacia la Isla de la Juventud, dijo que están subsidiados.

“El costo actual del ferry es de 200 pesos, pero el costo real son 420 pesos. El catamarán tiene un costo mucho más elevado y se cobraba 50 pesos. La decisión es que todos tenga un único precio y mantener el precio del ferry. A veces también nos pasa que estos medios de transporte se intercambian por el estado técnico. Sigue subsidiado el precio de la transportación de la Isla de la Juventud con más de 41 millones del presupuesto del Estado, pero igualando los precios a 200 pesos”.  

“Los precios de los vuelos nacionales también se actualizan. Aquí no va a participar el presupuesto del estado. La transportación de pasajeros vía área se viene realizando mediante la contratación de aerolíneas extranjeras. La estructura de costos de la aviación es bien diferente al resto de los servicios, por eso los precios suelen ser más altos. Como vemos, hay un incremento proporcional al que han tenido los demás servicios”.

Ejemplificó que en el caso de Guantánamo, que es una de las distancias más larga, pasa de 1140 el boleto a 4300 pesos.

“De los servicios interprovinciales, los únicos servicios que se mantiene el presupuesto del estado es el de la Isla de la Juventud por Catamarán y Ferry”.

Agregó que el caso de las transportaciones de Campismo Popular también se actualizan sus precios y los costos se trasladan a los precios a la población.

Por su parte, la viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz, apuntó que a pesar de los incrementos, se mantiene la protección a los sectores vulnerables bajo el principio de no dejar a nadie desamparado.

“Las bonificaciones se mantiene como están en la actualidad: los beneficios para niños, estudiantes y las personas en condiciones de discapacidad. En el caso de aquellas personas que requieran hacer movimientos interprovinciales que no tengan condiciones económicas para cubrir los costos de esta transportación, puede estar cubierto, luego de una valoración específica, por la seguridad social”, advirtió.

Agregó que en el caso de turnos médicos, se mantiene los taxis para las hemodiálisis, servicios de oncología; los cuales parten de los presupuestos municipales para esas personas que tiene un tratamiento periódico y que requieren acomodarse a las condiciones en que el paciente esté lo mejor posible. “Los traslados de los Medibús también están protegidos. En el caso de la transportación local, estamos en presencia de un servicio esencial para la población y que de eliminarse el subsidio si afectaría a una población mayoritaria y la diferenciación es para un servicio que es menos frecuente, que puede tener mayor planificación y, por tanto, se puede evaluar a quienes se pueden proteger”.

“Estas distorsiones que hemos tenido en el manejo de los precios -que no han podido actualizarse en los últimos años para mantener unas condiciones de protección de forma general- ahora ya empiezan a deslindarse en cuáles son las que abarcan a la población en general, porque tienen un uso mayoritario, y cuáles tendrían que ser estudiadas en los casos en que, por su situación concreta, se requieran proteger. Allí estaría la asistencia social”, dijo Rodríguez Ruiz.

En otro momento de la Mesa Redonda, el ministro Eduardo Rodríguez Dávila reconoció que las formas de gestión no estatal tienen una participación activa en la movilidad de la población, sobre todo en el entorno urbano, y también en las áreas interurbanas de mediana y larga distancia.

“Creemos que, siendo ellos unos actores importantes en la transportación, también deben ser diferenciados. Por ello, decidimos aplicar para el sector privado el mismo precio mayorista que pagarán las entidades estatales. Deben tener su licencia de operación del transporte y cumplir los precios concertados con los gobiernos provinciales”, afirmó el ministro.

De acuerdo con la legislación, los precios de los servicios básicos de los porteadores privados se aprueban por los gobiernos territoriales, mediante un mecanismo de concertación. Lo anterior, teniendo en cuenta las instrucciones metodológicas del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Finanzas y Precios.

“Este es un proceso complejo -aunque no es primera vez que se realiza- a través del cual las autoridades y los porteadores privados interactúan sobre la estructura económica de las operaciones, para llegar a acuerdos sobre los precios que deben establecer”, señaló Rodríguez Dávila, y afirmó que se espera llegar a conclusiones en correspondencia con el momento actual y la situación del transporte de pasajeros, en aras de que los precios den resultado a los porteadores y, al mismo tiempo, sean aceptables para la población.

El ministro explicó que se prevé mantener las tarifas del transporte para alrededor del 75% de los pasajeros y, para un 24.2% de los pasajeros (incluyendo a usuarios del transporte interprovincial, y otros medios como las “gacelas” y triciclos eléctricos), los precios deben incrementarse.

Las tarifas de transportación de pasajeros para porteadores privados comenzarán a aplicarse a partir del 1.º de febrero. “Hay poco tiempo para ese proceso. Estamos orientando a los delegados del Ministerio de Transporte en todos los territorios, de conjunto con las demás autoridades, a hacer una gestión rápida y transparente, para actualizar las tarifas hacia esa fecha”, dijo.

Para el resto de procesos habrá un poco más de tiempo, hasta el 1.º de marzo. En ese período, se deberán modificar todas las publicaciones de precios, así como la aplicación Viajando, en perfeccionamiento actualmente.

Todas las tarifas de transporte de carga también serán modificadas. Esto no impacta directamente en la población, pero sí en la economía, pues las tarifas recibirán entre un 40% y un 60% de incremento. “Ahora todas las empresas estatales tendrán que reajustar sus contratos con respecto a estos servicios” dijo el ministro.

Igualmente, enfatizó en la necesidad de reforzar las acciones de control tras la puesta en marcha de los nuevos precios, para garantizar que se cumpla lo estipulado.

“Las medidas tendrán impactos positivos en diferentes empresas del sector, que han venido trabajando en muy malas condiciones; y serán un aliciente en la recuperación del transporte”, consideró.

Rodríguez Dávila informó que en 2023 se contuvo el deterioro del transporte, y la movilidad de pasajeros reportó cifras muy similares a 2022, gracias a la implementación del sistema financiero aprobado por la dirección del país. En los últimos meses del año, sin embargo, la carencia de combustible afectó al sector, por lo cual muchas de las empresas estatales están prestando menos servicios de los que pudieran.

Entre las prioridades para 2024 destacan avanzar en la búsqueda de ingresos en MLC y la identificación de nuevas fuentes de financiamiento. “El deterioro que se nos ha acumulado nos obliga a invertir en ómnibus, en el ferrocarril. Para ello, debemos tener ingresos que sirvan de respaldo a esas inversiones. Ese será un propósito esencial de este año”, explicó el ministro.

En cuanto al financiamiento, comentó que incluye buscar un socio extranjero en los sectores donde se fundamente, y tomar los beneficios de esas alianzas para reinvertir donde más se necesite.

Rodríguez Dávila se refirió a la importancia de consolidar la empresa estatal socialista, pues gracias a ella se desarrolla el grueso de la transportación. Dijo que la estabilidad y calidad del servicio son máxima prioridad para el sector, aspecto en el cual es imprescindible la estabilidad del abasto de combustible.

“Tenemos que seguir avanzando en el cambio de matriz energética del transporte, y vinculado con ello está la medida de continuar difundiendo los triciclos eléctricos, sobre todo en las cabeceras provinciales. Aunque son vehículos pequeños, resultan muy útiles y tienen un monto de inversión menor”, afirmó.

Mencionó, asimismo, la necesidad de continuar con el saneamiento económico de las empresas, con el programa de ferrobuses, con el programa de recuperación del ferrocarril, y la recuperación de la flota aérea, sin dejar detrás la actividad marítimo-portuaria.

Sobre el proceso excepcional de legalización de vehículos que prestan servicios, y en muchos casos habían sido armados por partes, dijo que hasta el momento se ha aprobado la legalización de más de 70 000 medios de diferentes tipos. De ellos, más de 25 000 poseen la matrícula. El proceso de la chapa ha sido más lento por cuestiones objetivas vinculadas a la cantidad de personas que van a la oficina de registro de vehículos.

No obstante, se trabaja con el Ministerio del Interior para acelerar ese proceso. “En tanto estas acciones se desarrollan, persisten las condiciones de 2023 respecto a la exigencia de circulación de estos vehículos”, dijo el ministro, quien se refirió a las personas que no accedieron al levantamiento inicial y dijo que se están evaluando esos casos para proponer una decisión al respecto.

En resumen, Eduardo Rodríguez Dávila reconoció que el sector del transporte inicia el año 2024 en una situación muy compleja, expresada en el servicio que se ofrece hoy al pueblo. No obstante, se toman alternativas para cubrir las necesidades principales de la sociedad.