En extendida audiencia, los ministros de la segunda sala del STF decidieron, por tres votos contra dos, que Moro actuó con incuestionable arbitrariedad al condenar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso del apartamento triplex en Guarujá, municipio costero de Sao Paulo.

Lula fue detenido en abril de 2018 por, supuestamente, recibir esa residencia a cambio de hacer favores a la empresa constructora OAS.

Tras cumplir 580 días de prisión política, el exdirigente obrero salió el 8 de noviembre de 2019, luego de un inesperado giro en la interpretación de la Corte Suprema sobre la reclusión de los condenados en segunda instancia.

En ese periodo, el STF impuso una derrota a Moro al impedir detenciones automáticas luego de la sanción en segunda instancia, lo cual permitió la salida de la cárcel de Lula.

La ejecución de la pena después de la sentencia en segunda instancia fue eliminada además de un proyecto de ley llamado paquete anticrimen, votado por el Congreso Nacional luego del dictamen del Supremo.

Durante este proceso hubo roces entre Moro y el presidente Jair Bolsonaro, quien aprobó la iniciativa, aunque el Ministerio de Justicia presentó una lista de 38 sugerencias de veto.

Antes de este episodio, el graduado de Harvard sufrió otros reveses, especialmente tras la divulgación de comprometedores mensajes que intercambió con fiscales de la desactivada Lava Jato cuando era magistrado, lo cual puso en duda la integridad de la mayor operación anticorrupción del país.

La destapada comunicación entre Moro y Deltan Dallagnol, excoordinador de la Lava Jato, trasgredió la relación juez-fiscal y quebrantó el principio de imparcialidad.

Según analistas políticos, la resonante decisión del STF de este martes tendrá un gran impacto en el sistema jurídico nacional, pues quedó al desnudo que el fundador del Partido de los Trabajadores fue condenado y arrestado a partir de la sobrevaloración de lo conocido como indicios de prueba.

Estas conjeturas resultaron obtenidas a través de delaciones premiadas y no por pruebas materiales o directas.

Como era de esperar, de la noche a la mañana Lula se convirtió en blanco del bombardeo mediático y emergieron denuncias superficiales que, a pesar de la virulencia de los acusadores, no probaron ninguna conducta ilegal.

Los abogados de la defensa del presidente más popular en la historia reciente del país también subrayan que en las imputaciones se percibieron muchas suposiciones, pero ninguna prueba concreta de su presunta participación en los hechos atribuidos.

Calificaron además de sensacionalistas muchas delaciones activadas por Moro, las cuales apenas reforzaron el objetivo falsificado de manchar la imagen del exgobernante y comprometer su notoriedad.

Desde el 4 de marzo de 2016, Lula resultó víctima directa de inculpaciones para destruir su trayectoria, construida en más de 40 años de vida pública.

La víspera, la segunda sala del STF adoptó esa resolución tras un cambio de la jueza Carmen Lúcia, quien inicialmente impugnó la demanda presentada por la defensa del exlíder metalúrgico.

En 2018, cuando se inició el juicio, Lúcia rechazó la acción, pero ahora siguió el entendimiento de los colegas Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski.

Concibió que nuevos elementos demostraban que la actuación de Moro no fue imparcial, favoreció a la acusación y, por tanto, hubo un pleito irregular.

La sentencia que condenó a Lula sigue derogada por otro dictamen del ministro Edson Fachin, del STF, quien señaló la incompetencia de la Justicia Federal del sureño estado de Paraná para analizar los procesos contra Lula.

Su laudo dejó sin efecto las condenas por la Lava Jato en Curitiba y restituyó los derechos políticos del exmandatario, quien puede presentarse nuevamente a una carrera por el poder.

Con el fallo contra Moro, el Supremo invalidó toda la vista del caso triplex de Guarujá, la cual deberá ser retomada desde cero por los investigadores.

Tal actuación fue el resultado del juicio por una demanda presentada en 2018 por el equipo jurídico de Lula.

Especialistas consideran que, aunque el pedido de sospecha fue realizado por la defensa y será válido en un inicio solo para el exjefe de Estado, indirectamente puede afectar a otros procesos.

Para la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, la Corte Suprema empieza a recuperar su credibilidad con el veredicto contra Moro, ‘un juez imparcial, un verdugo’.

Es una victoria para la Justicia, para la ley y para la esperanza, remarcó la diputada.