Los fundamentos de la nota circular de Mallory, supeditado a las condiciones de desarrollo y socioeconómicas de cada país, estableció una política en 1960 que busca aún “restarle apoyo interno (a los Gobiernos) … mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales”.

Propuso, en ese sentido, “una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno”.

Venezuela es víctima hoy de esa cruel e inhumana estrategia imperial, plagada de engaños, y como dice el economista venezolano Jesús Faría, esta agresión provocó un daño dramático a la economía con terribles consecuencias sociales, y en la que “el salario de los trabajadores ha sido una de las principales víctimas”.

El también político aseguró en un artículo reciente, que desde la derecha y la ultraizquierda se desataron campañas de mentiras y manipulaciones “con fines inconfesables”.

Como era de esperarse, denunció, la responsabilidad cayó sobre el presidente Nicolás Maduro y, de manera deliberada, tratan de ocultar los “criminales efectos” del bloqueo económico.

Desde 2014 hasta la fecha, le impusieron al país 927 medidas coercitivas unilaterales, 723 de ellas promovidas por Estados Unidos y sus aliados, 477 a personas individuales, 169 a organismos públicos y empresas privadas y 164 al congelamiento de activos y fondos, entre otras.

IMPACTO DEL BLOQUEO Y SUS EFECTOS

Con la partida prematura a la eternidad del comandante Hugo Chávez (1954-2013), Estados Unidos arreció la hostilidad contra la República Bolivariana, la cual se vio coronada en 2015 con la orden ejecutiva del expresidente Barack Obama (2009-2017) que declaró a Caracas una amenaza «inusual y extraordinaria» a la seguridad nacional.

La guerra económica desde 2013 escaló y se transformó en bloqueo a partir de 2017, sumado a los conflictos políticos internos, el robo de miles de millones de dólares y de activos en el exterior alcanzaron el paroxismo, con el consiguiente “desplome histórico” del ingreso nacional.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2020 la nación sudamericana registró una pérdida de 99 por ciento de sus ingresos en divisas, comparadas con las que entraban en 2014.

En ese contexto, los ingresos petroleros -médula de la economía- se redujeron de manera considerable, al pasar en 2014 de 56 mil millones de dólares a solo 400 millones en 2020, entradas que llegaron a representar en condiciones normales el 95 por ciento de las divisas.

El presidente Nicolás Maduro resumió lo anterior al exponer que entre 2014 y 2019, Venezuela experimentó la “más brusca caída de ingresos externos” de su historia, al percibir de cada 100 dólares que ingresaba en ese primer año, uno para el 2020.

En cinco años el bloqueo logró cortar de un tajo el financiamiento al país, impidiendo que el Estado disponga de las divisas, del oxígeno que requiere para adquirir alimentos, medicinas, insumos, repuestos y materia prima esenciales para la actividad económica, expresó el mandatario.

Al presentar ante la Asamblea Nacional (AN) la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, en octubre de 2020, Maduro habló de un “cortocircuito económico, financiero y comercial” inducido por el bloqueo.

Puntualizó que este impide “obtener los recursos para fortalecer el salario y los beneficios de los trabajadores, para alimentarnos, para salvar vidas, para educar a nuestros niños y niñas, para sostener el sistema de protección social de la población”.

En toda esa etapa los desequilibrios de la economía se profundizaron dramáticamente y obviamente, reconoció el diputado a la AN, demolió las políticas sociales y los salarios.

SALARIOS: ANTES Y DESPUÉS

El también presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del parlamento, consideró “una estafa política” tratar de ocultar la responsabilidad determinante de las sanciones en las condiciones de vida del pueblo y, en especial, del sueldo de los trabajadores.

No puede negarse que, con la llegada de Chávez al poder, los salarios en particular, y los ingresos de los trabajadores en general, aumentaron a niveles históricos, con cifras que llegaron a ubicarlo entre los más altos de América Latina, sumado a las políticas sociales y la redistribución de esos ingresos.

Según Misión Verdad, en 2008 el salario mínimo y las pensiones alcanzaban los 372 dólares, que, sumado a un bono de alimentación garantizado por el Gobierno, lo incrementaba hasta los 557, el más elevado de la región.

Al decir de este grupo de expertos independientes, a comienzos del pasado año el salario mínimo y las pensiones superaban los 30 dólares, sin contar otros beneficios, pero su valor se fue deteriorando en ese mismo período “hasta llegar a cotas mínimas por causa de la devaluación”.

Ese impacto negativo fue motivo de demandas a comienzos de 2023, sobre todo por representantes del sector de la educación, que salieron a las calles en Caracas y en otros estados del país, y que la oposición quiso utilizar como rédito político en contra del Gobierno.

En la capital, estos fueron atendidos en acto público por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien recibió un pliego de demandas con el compromiso de atender y solucionar en lo posible, sin dejar de explicar las condiciones adversas por las que atraviesa la nación.

A juicio del economista Faría, el aumento salarial “es una de nuestras necesidades más urgentes”, pero no depende de un decreto, de un capricho o de un deseo, sino que, junto a la voluntad política, debe disponerse de los ingresos necesarios para su distribución. Es absolutamente absurdo pensar que el presidente Nicolás Maduro pudiese incrementar los salarios y no lo hiciese por algún motivo, afirmó.

Campañas en las redes sociales y otros medios se encargan hoy de difundir la idea de que el país está en condiciones de pagar 300, 400 o 500 dólares, para tratar de desatar protestas que debiliten al Ejecutivo en un año preelectoral y de esfuerzo gubernamental a fin de afianzar los aún modestos resultados económicos de 2022.

Según el diputado venezolano, sus promotores van desde la derecha que fomentó las sanciones, pasando por individualidades de la “intelectualidad revolucionaria” que falsifican la realidad para atacar al gobierno revolucionario, hasta llegar a una organización de ultraizquierda radicalizada.

Para el miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, uno de los disparates más repetidos en los últimos tiempos es decir que el gobierno de Maduro tiene una política neoliberal, cuando “nada de eso ocurre acá”, y denunció se trata una mezcla de ignorancia y farsa.

Por el contrario, puntualizó, observamos que el imperialismo desató toda su furia para derrocar un gobierno revolucionario y entregárselo a la oligarquía financiera, en función del saqueo de las riquezas.

PRESUPUESTO EN FUNCIÓN DEL PUEBLO

En medio de la agresión económica y de los cambios de la estrategia de desarrollo para dejar atrás el rentismo petrolero, la Asamblea Nacional aprobó a finales del pasado año la Ley de Presupuesto para el 2023, que en esencia está dirigida a atender y proteger al pueblo trabajador.

Venezuela destinó el 77,1 por ciento de su presupuesto a la inversión social y la mayoría de los fondos estarán destinados a la recuperación de capacidades en la atención a la población y fortalecer la producción, procura y distribución de alimentos.

La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, al presentar el informe en la AN, informó que la partida presupuestaria supera los más de 11 mil 565 millones de dólares, de los que el 88 por ciento se derivan de los ingresos corrientes y un 12 por ciento a través de crédito público.

Del total de ese monto, Salud y Seguridad Social acaparan el 23 por ciento, Educación (20), Seguridad Interna (15), Desarrollo Social (seis) e Infraestructura Productiva (cuatro), entre otros.

El diputado opositor Luis Eduardo Martínez declaró que en condiciones normales ese presupuesto se hubiera cuadruplicado, con lo que la nación tendría condiciones objetivas de incrementar salarios y mejorar los servicios públicos.

Un dato no numérico que dice hacia donde van encaminados los fondos, es que el presupuesto de 2023 está enmarcado en una nueva etapa de transición al socialismo, año que debe ser el de la consolidación de métodos de Gobierno cada vez más participativos, según Rodríguez.

La también ministra de Economía y Planificación explicó que la nueva ley fiscal debe servir como dinamizadora de la economía, a través de políticas de compras públicas para promover la producción nacional y garantizar mercados a la producción de los Consejos Comunales, a los emprendedores y otros actores.

Para Faría, lo aprobado en la AN se encuentra en sintonía con el proyecto histórico de Simón Bolívar y constituye un instrumento absolutamente esencial para el desarrollo del país, además de estar subordinado a los grandes intereses del pueblo trabajador y responder a las necesidades de la nación.