El 12 de septiembre, luego de un acto en homenaje a las víctimas del golpe de Estado de 1973, policías hicieron uso ilegal de la fuerza para arrestar a las alumnas que se encontraban fuera del liceo 1 Javiera Carrera, en el centro de Santiago.
De acuerdo con el INDH, cuatro de ellas recibieron aerosoles irritantes en el rostro y a algunas también las arrastraron.
Mientras, la quinta víctima sufrió dos descargas de un carro lanza agua que le provocaron la caída y además fue impactada por una bomba lacrimógena, por lo que debió ser llevada a un hospital de urgencias y presenta, entre otras secuelas, una contusión cervical.
Ante estos hechos, calificados como una violencia desproporcionada, la sede del INDH en la Región Metropolitana presentó un recurso ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de apremios ilegítimos.
“Los hechos descritos en la querella dan cuenta de un procedimiento en el cual hubo un uso de la fuerza absolutamente injustificado, desproporcionado y fuera de todo marco permitido”, afirmó la jefa regional del INDH, Beatriz Contreras.
A la querella del INDH se suma una denuncia formal presentada por 17 diputados ante el director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el Ministerio del Interior donde solicitan tomar medidas por estos actos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos de las adolescentes.
Los legisladores instan a realizar investigaciones exhaustivas y a sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza.
Además, solicitan que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto para asegurar que estos hechos no se repitan y que sean respetados los derechos de cualquier persona a participar en manifestaciones pacíficas.
“Es intolerable que se siga permitiendo la represión desmedida, especialmente cuando las víctimas son adolescentes ejerciendo su derecho a la protesta”, dijo la diputada Carmen Hertz.
Mientras, funcionarios, profesores y trabajadores del Liceo 1 expresaron su profunda preocupación y rechazo por la violenta y desmedida intervención de carabineros que afectaron a la comunidad educativa.
En el caso de Las Tunas, contará con una muestra de seis entidades, las que incluyen cuatro auditorías de cumplimiento y comprobaciones especiales.
