La cuasi proscrita venta de carne de cerdo, con sus altos y tambaleantes precios cuya tendencia a elevarse dejan más incertidumbre a la voluminosa esencia de lo que se quiere lograr con el reordenamiento monetario del país, pasando por el engorroso camino de una inflación que sí puede ser controlable, no desde la regulación orgánica de las tarifas sino más bien desde el control efectivo local de un mercado que puede balancearse entre lo privado y lo estatal.

El problema se da porque, precisamente, no existe un mercado permitido que despoje la obligatoriedad estatal de saciar la demanda de la carne más consumida aquí antes de la furia del pollo. Los vendedores, estables y ocasionales, se mantienen en un estatus permitido a medias, cuyo aporte solo es ese, vender y salvar en gran medida los cuestionamientos ante las carencias de un producto demandado, cuyo déficit en la red del comercio se debe a la insuficiente producción local.

Los vendedores particulares, no reconocidos jurídicamente, pero, al mismo tiempo necesarios, se sirven de un entorno productivo familiar (de subsistencia) que no cuenta en los balances productivos pero que no es tan pequeño como se estima ni tan dependiente de las importaciones como sucede con la porcicultura extensiva (de desarrollo). Ahí los precios se mueven, arriba o abajo, pero casi siempre en subida, no solo por la creciente demanda, sino también por la falta de reglas en la gestión comercial a una escala micro localizada que pudieran saltarse las trabas de esa línea recta unidireccional productor-estado-estado-consumidor.

Hay demasiadas fórmulas, unas más liberales y otras más extremistas, sin embargo, la solución radica en una alianza, una siempre alianza carnicero-mercado estatal, fijada por normativas locales evolucionadas de un consenso en el que no se dejaría en stand by un problema que demanda solución inmediata sin estar recurriendo a leyes, decretos o decisiones de arriba.

¿Cómo resolverlo? Bastaría con establecer un mecanismo sencillo de relación contractual entre el marcado agropecuario estatal y los carniceros, en el que se fije que estos últimos puedan establecerse en una de las tarimas de esa instalación o construyan sus propias carnicerías con todas las condiciones, incluidas neveras y medios que garanticen seguridad higiénico-sanitaria, y que aporten, por concepto de venta y bajo declaración diaria o semanal, una tarifa financiera (una forma de impuesto por declaración) por porcentaje en correspondencia con la cantidad de carne que vendan.

De esta manera, automáticamente va a existir una autorregulación del mercado, y aunque los precios pueden subir y bajar, con seguridad ello va a depender de la producción, disponibilidad y no de la especulación.

Todo este proceso lógicamente debería estar respaldado por instrumentación jurídica, para lo cual el propio Consejo de la Administración Municipal y la Asamblea Municipal del Poder Popular, máximos órganos de gobierno local, pueden establecer los mecanismos que fijen esas actividades, siempre comprendiendo que en vez de abrir una actividad de trabajo por cuenta propia se estaría estableciendo un nexo laboral, en el que la gestión comercial minorista de carne de cerdo se iría a un entrono autónomo y descentralizado. De esta manera el organismo estatal actuaría como recaudador de dinero e intervendría solo en casos extremos.

Las relaciones laborales, diríamos, de carácter especial en este caso, pudieran conformarse con una contribución reglamentada del cinco por ciento destinado a cubrir la seguridad social, el cual se pudiera calcular en base a un salario, o más bien las ganancias netas de las ventas luego de cumplir con los aportes impositivos al mercado.

Este mecanismo, que aclaro, es una libre opinión para solucionar el viejo escollo de la comercialización de carne de cerdo, no tiene por qué tener trabas en un ecosistema empresarial que pronto tendrá facultades para autogestionarse y que, respaldado además por organismos de gobierno local, pudiera ser lo suficientemente efectivo como para desencadenar otras iniciativas similares ampliando la dimensión entre las relaciones entre personas jurídicas y naturales.

Tal vez el escepticismo sea el mayor crítico de una formulación semejante de comercio, pero lo cierto es que la manera que hoy coexiste ni aporta nada al estado y cada día exprime más los bolsillos de la gente, todo, partiendo del justificante dueto improductividad-costo de animal en pie, cuando se sabe a cabalidad que las subidas se deben más bien a las auto subidas que dan los propios vendedores para duplicar sus ganancias.

Descentralizar desde abajo es posible, todo depende de iniciativas que no censuren, sino que sumen para que el negocio se parta en dos. En esencia, lo que demanda el país, y específicamente el municipio, su gente, son iniciativas que a la par del reordenamiento monetario, también reordenen el funcionamiento comercial local.