El mayor problema en el enfrentamiento a precios abusivos, además del conocido dilema oferta-demanda, es que está demasiado disperso el “poder” determinar a partir de un concepto legal que guíe a quienes deben actuar para determinar cuándo se está aplicando un precio abusivo.
Hay determinadas regulaciones pero estas no son aplicables ni a todos los productos ni a todo el entorno comercial y de servicios, es por ello que no es difícil ver a simple vista entidades que aplican lo mismo un 30, un 40, un 80… y hasta un 500 % a cualquier producto en venta mayorista y minorista. Casi todo queda al libre albedrío o a apreciaciones personales.
Por otro lado aparecen los topes, algo que no surte efecto real cuando en una demarcación se define un precio y en un municipio vecino u provincia aledaña se aplica otro costo, pues las ofertas se desplazan, legal e ilegalmente, hacia donde genere mayores ganancias.
Ahí, en los topes, también viene aparejado el problema de las utilidades de comercializadores, pues, para nadie es un secreto que la mayoría acuden a otras demarcaciones a hacer sus compras mayoristas y cuando llega a su establecimiento de venta muchas veces no engranan esos ajustes.
Más aún complicado resulta cómo la distorsión del entorno cambiario informal ha inducido un entorno complicado para estatales y privados, los cuales en la mayoría de los casos adquieren productos basados en los costes en MLC al cambio informal, es decir, que se ha trasladado a un ambiente comercial legal ese complicado engranaje desajustado de la economía sumergida: De ahí las cervezas a 180 pesos en unidades estatales, el ron por encima de los 700 y otros tantos productos alimenticios y de primera necesidad no accesibles por la mayoría de los pobladores.
La reventa de productos y artículos de primera necesidad no es un caso aislado, viene dado por factores que transitan por la propia escasez, la necesidad de consumo, la famosa “sobrevivencia” del cubano (ya pasada de sobrevivencia en muchos casos)… conduciendo a otros males como el delito y la corrupción, sí, corrupción, un mal del que se habla poco en público pero que ocupa los estados de opinión de buena parte de los pobladores. Una corrupción que es complicada de enfrentar por el propio cubano de a pie por complicadas cuestiones socioculturales más allá de cualquier fallo institucional.
Y esto último también complica bastante los precios porque, los desvíos de recursos para la venta, el amiguismo a la hora de adquirirlos, las prioridades y beneficios… provocan que si no es por la izquierda no aparezca mucho de lo que demanda una familia en su quehacer diario.
Cuando se enfrenta, de la manera que sea, a veces los mismos afectados protegen a los que nos chivan los bolsillos, y no solo protegen a esa última cadena de precios altos: el comercializador minorista ilegal, sino que también en muchos casos “santifican” a los que abastecen a esos que nos venden las mercancías. Por eso hablo de que se trata también de un problema sociocultural que tiene demasiadas aristas como para hacer un artículo mucho más extenso.
Volviendo a los precios. El asunto no está en hacer campañas ni topes por aquí y topes por allá, una y otra vez ha demostrado ser algo disfuncional cuando hay escasez y descontrol, improductividad y justificaciones, y sobre todo, falta esa guía -no rígida- que eduque en una cultura económica a productores y comercializadores en la aplicación de políticas de precios justos sin excesivas ganancias que se usan en la mayoría de los casos para disfrazar ineficiencias y por la cual también puedan regirse los que controlan.
