Porcentajes de ganancias no superiores al 40 % pudiera ser la solución reguladora a los conflictivos entornos inflacionarios generados por no pocas distorsiones en el mundo de los precios. Sería en sí, un mecanismo autorregulado por los costos de los productos tanto para productores como comercializadores, sin necesidad de acudir a fijaciones estáticas en un complejo panorama definido por diversas formas de cambio, tanto formales como informales, y la adopción de patrones comerciales en el sector estatal de referencias de costos marcadas por el mercado cambiario informal Dólar-MLC-CUP al ser prácticamente organizaciones económicas privadas las que van marcando pautas en el mercado que abastece a entidades minorista estatal y privado.
Definirlo desde una perspectiva territorial no sería buena propuesta teniendo en cuenta antecedentes que siguen marcando diferenciaciones en esas normativas y provocan flujos de mercadeo hacia donde mejores oportunidades desburocratizadas haya y donde mejores precios favorezcan a los vendedores, marcados no solo por la demanda, sino por esas flexibilizaciones que unos territorios autodefinen por encima de otros. Es decir, que donde más riguroso se sea, se fugan las mercancías, sobre todo las producciones agropecuarias, más ahora con la liberalización que tienen las diferentes formas de producción (Cooperativas y empresas estatales) y los propios campesinos para comercializar.
Lo idea es establecer una Ley o una normativa similar que siente las bases para definir conceptos claves que hoy están demasiados dispersos, como lo dejado a interpretación de ¨precios abusivos¨, algo que en realidad no acaba de poner de acuerdo a quienes por encargo estatal son los rectores del asunto, mientras que por otro lado obstaculizan con normativas municipales o provinciales topes radicales que en ocasiones son más abusivos que los precios dejados a libre espontaneidad.
Para nadie es un secreto que las prerrogativas empresariales, dadas luego del ordenamiento para fijar precios, han servido no solo para hacer legal la inflación desde el propio sector estatal sino que en vez de buscar productividad, lo que se buscar ir aumentando poco a poco utilidades a base de alzas con desesperanzadas explicaciones. Ese desencadenamiento de formalizados zarpazos al bolsillo, bien pudiera desarticularse, para volverse a articular de un modo que sin la entidad perder sus facultades se rigiera por un mecanismo regulador nacional, orgánico, flexible y operativo, cuyo control sería mucho más fácil y efectivo desde la práctica simple de la contabilidad y los organismos rectores de los sectores implicados.
Esta aplicación tiene la posibilidad de adaptarse como mecanismo regulador a cualquier entorno cambiario atendiendo a las distorsiones financieras: Si suben los costos de producción sube el precio de venta mayorista, y sube el precio de venta minorista, pero si baja el costo, baja el precio final.
