La venta de gas licuado en Jobabo suscita medidas que se adecúen a los contextos territoriales y a cuestiones que objetivamente han estado planteando los pobladores, no desde la última venta sino desde hace mucho tiempo en que la disponibilidad del combustible de cocción ha estado escaseando por la irregularidad de los abastecimientos y la extensión de los ciclos de entrega, la cantidad de cilindros, y la necesidad de una mejor organización de un servicio sensible para la mayor parte de las familias de la zona urbana de este municipio.

Lo primero tiene que ver con la urgencia y la comunicación. Es un hecho que el aviso de que va a entrar un cargamento de cilindros llega sólo unas horas antes de iniciar la venta, al menos por la vía oficial. Y si bien la contingencia energética del momento implica indicaciones de comenzar a vender inmediatamente que se abastezca, en tiempos normales generalmente entraba el día anterior, casi siempre en las tardes, y en las mañanas se iniciaba (igualmente un estrecho margen de comunicación).

¿Cuál es la solución en este caso? Pues, informar por todos los canales posibles con la mayor inmediatez, y dar un margen de al menos 24-48 horas para las personas o núcleos familiares que caigan en el rango de número que se les va vender para no se les pase la posibilidad de adquirir su cilindro lleno. Por ejemplo, una vez que se sepa que van a vender en el rango del 20 al 200 en el listado, dar un tiempo para que no se les pase el número, porque, se imagina usted una mujer sola con un niño pequeño que resida en Argentina Sur y le corresponda comprar en la madrugada ¿Puede permitirse tal adquisición en medio de un posible apagón, o una pareja de ancianos que vivan distante del punto de venta cómo harían, o simplemente alguien que no se entere…?

La mejor medida que se pudiera adoptar es esa, dar un margen para la adquisición, así funcionan muchos servicios en el comercio ¿Qué impide hacerlo?

La segunda situación engorrosa o más bien, situación que suscita críticas, en su mayoría con razón, tienen que ver con las preferencias que se tienen con el servicio de mensajería del gas licuado.

¿Por qué a los mensajeros se les asignan determinadas cifras de cilindros en vez de definirle una organización más efectiva para que sea más favorable a la población y el servicio deje de ser un privilegio?

Ello se soluciona con algo muy sencillo. El servicio de mensajería es a pedido del cliente, y como tal debiera ser para el rango de números que están en el listado a comprar, no mediante una asignación personalizada a los que prestan el servicio. Me explico: si un cliente que está en el rango de venta del 20 al 200 desea el servicio de mensajería, pues bien, que se lo compre el mensajero, pero no que sea alguien que ni siquiera entre en ese listado porque ahí se oscurece el control y se da cabida a quien pague más (aunque no se diga públicamente) acorte sus ciclos de compra simplemente por el hecho de tener mayor poder adquisitivo.

En un momento alguien desde un puesto de gobierno me explicaba que la forma actual de priorizar determinadas cifras a los mensajeros se debía a que ellos pagaban impuestos y eran Trabajadores por Cuenta Propia, y me pregunto ¿Acaso se prioriza a algún otro TCP para que no pierda su capacidad de generar ingresos? Por qué priorizar al mensajero de una forma incoherente para las personas con bajos ingresos que sí tienen que esperar su número en el listado. Lo justo es que todos entren en el listado.

Ah, lo que sí pudiera ocurrir con los mensajeros es que se les despache de una vez la cantidad de cilindros de los que estén en el rango del listado y demandan ese servicio, sin limitación alguna.

La tercera cuestión tiene que ver con los afiliados de las organizaciones Aclifim, Ansoc y Anci, que si bien hay normativas que les ofrecen determinadas prioridades, con toda justeza, también hay que tener en cuenta algunos elementos:

⇒ El carné de asociado es intransferible.

⇒ Hay casos que residen en un núcleo familiar donde el resto de sus miembros no tienen ninguna discapacidad.

⇒ Incluso, hay asociados que por su condición física tienen menos vulnerabilidad que muchos no asociados: Ancianos, personas con enfermedades crónicas, etc.

La solución para estos casos es sencilla, aplicar al pie de la letra lo reglamentado con el uso del carné de discapacitado, la intransferibilidad. Y fijarle los ciclos de compra estimando más o menos el mismo tiempo en que transcurre el ciclo para el resto de las personas, salvo casos muy puntuales que por su condición lo requieran, y para ello, para esas prioridades especiales hay facultativos médicos, trabajadores sociales y los propios ejecutivos de las asociaciones, y toda una serie de instituciones.

Y la cuarta y última cuestión está en el listado, o más bien la forma en que se maneja el listado con respecto a los ciclos de compra.

Aunque hasta cierto punto todo parece organizado en este sentido, hay algo que desconcierta a los clientes y es que esa subida al 5000, muy tardía, por cierto, y vuelva a empezar por el 1, llegando en ocasiones a especularse si hay varios listados.

¿No sería mejor llegar sólo al número que coincida con la cantidad de clientes? En realidad, hay menos de cinco mil contratos de gas licuado.

O incluso ¿Llegar al momento que el número asignado en el listado sea el mismo número del contrato? De esta forma, da menos chance a irregularidades, en definitiva, el ciclo de compra para los del listado está por encima de los tres meses.

Todo esto anteriormente expuesto, a quienes no le conviene la organización y de alguna manera la permiten o se benefician del desorden les parecerá algo imposible, sin embargo, quienes lo analicen al detalle, verán mejores posibilidades de satisfacer las necesidades del pueblo.