Si se quiere buscar soluciones al déficit presupuestario que en Jobabo tanto comentario genera, en círculos cerrados, cada año que concluye hay que ver de cerca algunos elementos que tienen a confundir, por sus tecnicismos y equivocados manejos desde un pragmatismo que viene dado por políticas institucionales.

Entre los jobabenses sí se habla de economía, de productividad y de los tantos problemas que afectan el bolsillo del trabajador promedio y sus familias, de empleo, de presupuestos, de déficit y de liquidez financiera o liquidez monetaria, y hasta de disponibilidad de ese papel moneda que tanto amasamos de una mano a la otra, y que casi no alcanza (cuando dependemos de un salario).

Déficit presupuestario: es no tener dinero respaldado en cuentas por esas necesarias contribuciones fiscales que deben hacer las empresas estatales y las formas de gestión no estatal, y tener que jalar de ese presupuesto central al que un municipio como Jobabo le pide cada año. En palabras más concretas, Jobabo es un municipio que por sus bajos niveles de ingresos fiscales no cubre el gasto público.

Las causas de ese déficit son disímiles, van desde la improductividad del trabajo en el sector empresarial, los incumplimientos en los planes de recaudación de impuestos… hasta la últimamente muy abordada evasión fiscal. Hay más causas, por supuesto, que son influenciadas por las propias políticas de atención desde arriba al desarrollo del municipio y la gestión de gobierno en el territorio, pero ya esto daría para un artículo mucho más extenso.

Ahora, el otro fenómeno que se está dando es el de la liquidez financiera o para que se comprenda: hay dinero en cuentas pero no hay efectivo suficiente en banco que respalden esos montos en cuenta. Un asunto mucho más grave en todos los términos que, al menos, desde la perspectiva económica local afecta el resto de los procesos productivos y de servicios.

Dinero hay, papel moneda hay, pero anda circulando en la calle y se debe tanto a la inflación “in crescendo” como a las propias políticas bancarias que aún no se adaptan a las condiciones socioeconómicas territoriales y las dinámicas de comportamiento de los procesos económicos que se sobreponen a toda la configuración financiera que conocíamos antes de 2020.

En los últimos días de 2022 se ha complicó el acceso de determinados sectores de la sociedad al dinero que tienen en cuentas, o a pagos que les efectuaron a depósito en banco determinados organismos, entre ellos los más afectados los campesinos, limitándose con determinadas medidas el acceso a ese papel moneda.

Por un lado hay un rechazo de una parte importante de la población laboralmente activa que no trabaja en entidades estatales a gestionar sus ingresos desde una cuenta bancaria por temores no poder disponer de su dinero en los momentos en que más lo necesitan.

Por otra parte, se ha estimulado muy poco de una manera efectiva el empleo de las transacciones monetarias a través de las plataformas de pago electrónica, ni en lo estatal ni en lo privado ello aparece como prioridad real por mucho que se aborden las ventajas.

También, los flujos operacionales con efectivo no van a parar a los bancos en su totalidad porque el entorno comercial informal es lo que va moviendo en gran medida casi todo lo que de primera necesidad requiere en el día a día una familia, por lo tanto, parte de ese salario que se saca del banco no retorna al banco, sino que queda circulando en la calle en los negocios informales.

Las soluciones son: que funcionen los comercios y servicios estatales, es decir, que ofrezcan a la población lo que necesitan, para que esas recaudaciones monetarias vayan al banco, y por otro lado, que los negocios privados se muevan en un futuro próximo en un entorno de legalidad, no precisamente de esa legalidad operacional que es controlable con una licencia o patente, sino que sean capaces de generar flujo financiero de una manera formal depositando regularmente efectivo en las instituciones bancarias.