Jobabo.- Temáticas claves del entorno agropecuario productividad, entrega, papel de la juntas directivas, planeamiento, comercialización, contratos… todo ello se analizó en un intercambio entre dirigentes de la Agricultura y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, con representantes de cooperativas y otros organismos de relación.

Si bien el asunto de la producción y las entregas es una cuestión de primer orden, y con toda lógica los que dirigen estos encuentros abogan por una subida progresiva, sobre todo, de la leche, que ha quedado rezagada con respecto a lo que aportaba el municipio en años anteriores, salieron a relucir en este espacio una serie de problemas que inciden directamente en esos vaivenes que evidencia el acarreo.

«¿Cómo hacerle política al productor para que entregue toda la leche cuando llevan desde mayo sin cobrar?» cuestiona Alfonso González, Vicepresidente de la CCS Jorge Aleaga de Jobabo, la unidad que tiene a cuestas la mayor parte del plan lechero y de carne vacuna en esta localidad, y que al mismo tiempo se ha visto afectada por los atrasos en poder remunerar a sus asociados.

Expuso de manera similar la falta de abordaje de este tema con seriedad, teniéndose que denunciar en todos los espacios sin una respuesta que vaya más allá de que la entidad comercializadora no ha terminado de ajustarse a las condiciones socioeconómicas actuales.

Por igual situación va la intervención de Antonio González Cartaya, presidente de la CCS Antonio Fernández, quien expone cómo se pasa de un mes acceder al efectivo después de tener dinero en cuenta, incluso cumpliendo todo lo que exige la sucursal: acreditar la mitad del monto en las cuentas de sus campesinos y entrar a un listado de espera para cuando entre dinero.

González Cartaya expuso que en su cooperativa se han reducido las brechas del incumplimiento y desvío justificándose los impagos o retrasos a la hora de acceder al efectivo, pero sí es un problema que persiste y pone en riesgo la propia credibilidad de la junta a la hora de intentar convencerlos.

Juan Carlos Ávila, presidente de la CCS Rafael Trejo, aboga por tratar en igualdad de condiciones al productor que al maestro, al trabajador de Salud, al Policía… a la hora de extraer dinero del banco, no se puede dejar de priorizar a quienes producen alimentos.

«En mi cooperativa, que está distante, no funciona la bancarización, los campesinos en su mayoría son personas mayores que no pueden dejar su finca para pasarse horas de cola en un banco para extraer tres mil o cinco mil pesos, así se va acabando la agricultura y no tenemos nada coherente para decirle a ese hombre que produce alimentos que se ve a sí mismo sin prioridad y sin dinero para sufragar sus gastos».

Oliver Santiesteban, insiste en que hay que resolver las causas de lo que hoy afecta al campesinado. Lo que están haciendo los campesinos no es una ilegalidad, es supervivencia «¿Qué pasaría con Educación si dejara de pagarles a sus trabajadores tres meses? Los campesinos en ocasiones llegan sin cobrar su dinero hasta seis meses y ahí están produciendo y todos los días les exigimos más».

Igualmente aborda la situación de las tarjetas bancarias de los productores, que no tiene la misma capacidad de operación que el resto, no se les permite extraer en cajeros…

Por otra parte, José Johnson, de la CCS Antonio Maceo, expone que también existen irregularidades que tienen que ver con el nivel de control de la junta directiva y el acompañamiento de esta al campesino.

Al intervenir el representante de la sucursal del Banco de Crédito y Comercio manifestó que la situación es compleja con el efectivo, pues no se llega a captar para suplir todas las necesidades que tienen para las extracciones, por lo que acuden a un listado del cual van saliendo poco a poco, mientras que sus indicaciones son de limitar a la mitad del monto total esa entrega en efectivo y la otra acreditada en tarjetas.

Juan Carlos Pérez Vargas, dirigente de la ANAP en la provincia de Las Tunas, insistió que se estaba revisando con los bancos la situación del efectivo, sobre todo los montos, pues no hay nada escrito que defina la cantidad que deben poner en tarjeta y lo que deben entregar en efectivo, eso, dijo «es negociable y queda a consideración de las partes según las propias condiciones de los cooperativistas».

En cuanto a los impagos de la industria láctea precisó que igualmente es un tema que está teniendo seguimiento desde provincia para acortar los períodos, aunque señaló que hay que hacer más desde las estructuras municipales para que ello se solucione y se informe a tiempo la situación que presenta cada cooperativa.

Adelantó que ya hay que comenzar a trabajar en la contratación del 2025, proceso que tendrá una serie de cambios y que en el mes de agosto se realizarán los seminarios preparatorios para iniciar en septiembre no repitiendo los mismos errores que se evidenciaron en la contratación del presente calendario.