«Cuando uno no tiene nada, cuando uno tiene grandes necesidades, todo, por muy poco que le den, siempre le viene bien» resume Edita Verdecia Pérez, jobabense ya jubilada que atiende a su hija discapacitada y hace unos meses fue apoyada con recursos de la Asistencia Social.

«Hasta ahora me siento agradecida, imagínate, una se siente contenta, son recursos que se necesitan a diario en la casa y no da la cuenta para adquirirlos» dice.

Y es esa la generalidad de las opiniones que reflejan decenas de personas que han sido beneficiadas en diferentes momentos aquí en Jobabo con recursos financiados por el presupuesto del Estado, millones de pesos que salen cada año de los contribuyentes para respaldar estos programas sociales que de administrarse mejor pudieran cubrir muchas más necesidades de familias en condiciones de vulnerabilidad.

El uso de ese dinero requiere responsabilidad y mucho tacto a la hora de seleccionar los productos que demandan los beneficiados, y sobre todo, buscar las opciones de mercado que con mejores precios se ofrezcan sin descuidar la calidad, comentaba Julio Ramírez, director de Finanzas y Precios en Jobabo hace unos días mientras tazaba un grupo de surtidos en unidades del Comercio para compararlas con los precios de productos similares que fueron adquiridos a privados por la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social.

Este caso en particular suscita dudas la responsabilidad que hay a la hora de manejar los presupuestos y las necesidades de recursos para la asistencia social ¿Cómo es posible que teniendo un alto déficit presupuestario en el municipio, relacionado cada mes en las plenarias de la economía y los propios espacios de la Administración Pública, independientemente que exista un presupuesto planificado, el equipo encargado de gestionar esos recursos prefiera desembolsar millones de pesos a trabajadores por cuenta propia cuando en entidades estatales, con montos inferiores, se pueden adquirir esos mismo surtidos?

La principal razón que alegan desde la Dirección de Trabajo y Seguridad Social es la calidad de productos que anteriormente han adquirido en el Comercio, que a juicio del Director de esta entidad, José Luis Sánchez Aguliar, no siempre reúnen los requisitos para entregar a los beneficiados y tengan el impacto deseado.

«Hemos comprado bienes que se deterioran con rapidez, por ejemplo, los colchones de esponja son de muy mala calidad, y no podemos gastar en algo una y otra vez. Igual nos sucedió con las sábanas que nos ofertaban, tenían un tamaño inferior al que nos ofrecían otros comercializadores» insiste.

Visto desde esa arista, se justifica girar la mirada fuera de la Empresa de Comercio y Gastronomía, pues como coinciden todos los entrevistados -No podemos tirar el dinero comprando bienes de mala calidad-, sin embargo, la investigación realizada refleja que se actuó de manera superficial en la exploración de todas las opciones posibles de mercado delimitando ofertas que tuvieran una correspondencia precio-calidad tanto en el sector estatal como en el no estatal.

«El mayor error que se comete en este tipo de gestión de compra, que no es algo exclusivo de la asistencia social, prácticamente se ve reflejado en todas las entidades, está en no hacer una exploración de los mercados» expone uno de los economistas consultados.

Y va razón en el ello, referenciando la última compra realizada, cuya factura alcanza un monto superior a los dos millones de pesos que deben desembolsarse a un Trabajador por Cuenta Propia, pudo corroborarse que de siete productos adquiridos a este, seis de ellos pudieron adquirirse en la red del comercio local y otras entidades estatales del municipio por precios entre un 30 y un 45% inferiores, sin comprometer calidad, incluso uno de los bienes, las camas específicamente, pudieron haberse adquirido directamente a la entidad productora, que si bien está fuera del municipio y la transportación implica un gasto adicional, el desembolso hubiese estado en alrededor de un 40% menos que lo que facturaron con el suministrador privado.

«Lo hicimos de esa manera para no fragmentar la compra. El TCP nos ofreció todos los productos que necesitábamos» expone Sánchez Aguilar, reiterando el asunto de la ¨calidad¨ de los surtidos.

Tanto el propio director de Trabajo y Seguridad Social como directivos del Comercio y Gastronomía, y la Unidad Empresarial de Base Comercializadora Agropecuaria (que también suministra los referidos surtidos) confirmaron que en ninguno de los casos se han realizado demandas oficiales de recursos, es decir, que todas las solicitudes han sido verbales de una manera informal sin la exigencia de una oferta documental como requieren las propias reglas del entorno comercial. Tampoco han hecho estos mismos procedimientos formales con los entes privados, solo de manera verbal.

«En ninguno de los casos nos han entregado un documento con los bienes y recursos que necesitan. Sí es cierto que han venido y nos dicen queremos colchones, toallas, o cualquier otro surtido, pero no ha sido algo formal. Imagínate, eso no es garantía, porque si usted me demanda un producto que no tengo lo debo buscar con los suministradores, y si luego no lo compran es algo que se estanca aquí. Además, en la demanda que se nos debe hacer podemos explorar y buscar varias opciones y presentarles con exactitud una oferta que se adapte a su presupuesto y prioridades» explica Yaulet Segura Miranda, de la Unidad Empresarial de Base La Moda.

Más o menos ese mismo argumento dio Iván Cervantes Peguero, director de la Unidad Empresarial de Base La Comercial, mientras explicaba que una vez vinieron a hacerles un pedido pero sin comunicarles nada negociaron la compra con la otra UEB, «Se me hubiesen estancado aquí los productos si llego a tomarles la palabra».

Aunque los principales argumentos que dan desde la dirección de Trabajo y Seguridad Social son los de una mala calidad de los productos que ofrecen los estatales, o que en ocasiones son más caros, por ello ¨tienen que acudir a los privados¨, en ningunos de los casos de las compras realizadas a este sector se evidencia alguna demanda o queja formal por tal razón, ni una parte ni la otra tienen constancia de ello. De haberse demandado a Comercio por la mala calidad de un lote de productos lo más probable es que hubiese tenido que resarcir los daños o compensar de alguna manera a los afectados.

En cuestiones de calidad tampoco han aparecido referencias significativas, por parte de los beneficiados, que los productos de la parte estatal no reúnan los requisitos para ser entregados, excepcionalmente han existido productos específicos que, a determinadas personas, por sus condiciones físicas o enfermedades, se les deterioran más rápido que a otros, algo normal.

Tampoco hay constancia que en espacios de intercambio como el propio Consejo de la Administración Municipal o la Asamblea Municipal del Poder Popular haya tenido algún análisis este argumento de no comprar a las entidades estatales e irse por la vía de los privados, cuando lo que sí ha sido cuestionado es la falta de comunicación de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social con delegados y presidentes de consejos populares, para validar prioridades en la atención social y entrega de recursos.

«Estamos tramitando que el Director de Trabajo se persone en el consejo popular para que responda por qué sin consultar con el grupo de trabajo comunitario y los factores de la comunidad se seleccionaron un grupo de personas para entregar recursos cuando las prioridades que nosotros determinamos son otras» expuso Enrique Suárez, presidente del Consejo Popular Mejías.

Igualmente pudimos corroborar que más allá de estos asuntos de la selección, de a quienes beneficiar, no se le ha dado atención desde la Asamblea a evaluar cuestiones referidas a la optimización del gasto que se hace en la asistencia social, algo que debería ser una constante evaluación de la Comisión para los Asuntos Económicos.

Pero más allá de si ha generado algún análisis este asunto que transversaliza los económico-social de una manera bastante delicada pues cada día más personas solicitan ayuda a las entidades de gobierno y los presupuestos locales no suplen esas necesidades ¿cómo es posible que no se haga todo lo que esté al alcance por optimizar ese dinero para que llegue a más personas o que se puedan adquirir más recursos para los de mayores necesidades?

De haberse comprado a precio estatal este último lote de surtidos (camisas, ropa interior, chancletas, camas…) el monto ahorrado hubiese estado en al menos medio millón de pesos, suficiente para comprar casi medio centenar de colchones.

Ahora hay que pagar ese dinero, llevan dos meses los recursos estancados en la propia Dirección de Trabajo y Seguridad Social en espera de que se liquide al Trabajador Cuenta Propia los 2 millones 280 mil 600 pesos facturaron hace dos meses, precisó Bárbara Pérez, viceintendente del Consejo de la Administración Municipal que atiende los Programas de la Economía, corroborando que este es un asunto que han analizado con anterioridad.

Si en algo coinciden la mayoría de los entrevistados es que hay dos elementos que se necesitan tener en cuenta para estas operaciones: precio-calidad, y un estudio de mercado para determinar qué suministradores en cada caso pueden ofrecer mejores garantías en esos dos elementos, sea estatal o privado, sin embargo, si el estatal ofrece mejor precio con buena calidad, hay que tener en cuenta que el impacto económico es mucho mayor porque dado el diseño de la política fiscal, sus aportes al presupuesto del estado son mayores que los trabajadores por cuenta propia, y ese dinero nuevamente puede incorporarse a la gestión de la asistencia social.