Con la presencia de Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), los diputados cubanos estudian en esta jornada los cuatro proyectos de leyes que serán presentados para su aprobación en la sesión ordinaria del 28 de octubre venidero.
Reunidos de manera virtual, los parlamentarios debaten elementos relacionados con la Ley del servicio exterior, Ley de organización y funcionamiento del consejo de ministros, Ley de revocación de los elegidos a los órganos del Poder Popular, y Ley del Presidente y Vicepresidente de la República.
A juicio de José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional, las nuevas disposiciones jurídicas fortalecerán la institucionalidad del estado cubano en correspondencia a lo convenido en la nueva constitución.
“El proyecto de ley del Servicio Exterior, es eminentemente orgánica porque va a jerarquizar y organizar en un solo cuerpo legal todo el contenido estructural y de funcionamiento del estado en cuanto al servicio y la acción exterior. Norma los principios de esta actividad del estado en correspondencia a los principios de las relaciones internacionales que se enmarcan en la Constitución de la República”, aclaró.
Entre tanto, el proyecto de ley del Consejo de Ministros va a reglamentar el funcionamiento del gobierno de la nación. Establece los procedimientos de trabajo de este órgano, la funcionabilidad del Primer Ministro, los miembros y atribuciones del Consejo de Ministros, así como la forma diversas acciones como el derecho de interpretación constitucional o el control de constitucionalidad de determinados actos.
“El proyecto de ley de los elegidos a los Órganos del Poder Popular actualiza la norma actual vigente desde el año 1999. Este incluye las nuevas figuras gubernamentales recogidas por la carta magna y establece que se creen comisiones para la revocación y otros procedimientos para todos los niveles”, acotó.
Por su parte, el proyecto de Ley del Presidente y Vicepresidente igualmente reglamenta el funcionamiento de ambos cargos, desarrolla las facultades establecidas constitucionalmente y prevé las acciones en caso de sustitución, entre otros aspectos.
Al presentar ante los diputados el proyecto de ley del Servicio Exterior, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores explicó de conformidad con la Constitución de la República, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba los lineamientos generales de la política exterior del Estado y el Gobierno.
Entre tanto, corresponde al Presidente de la República de Cuba la dirección de la política exterior y las relaciones con otros estados.
“El artículo 3.1 propone que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el Organismo de la Administración Central del Estado que tiene como misión proponer, y una vez aprobada, ejecutar la política exterior del Estado y el Gobierno y controlar su cumplimiento”, acotó.
Abundó además que el Servicio Exterior es el Sistema conformado por el Servicio lnterno y el Servicio Externo, que integran los sujetos y miembros que ejecutan la política exterior del Estado y el Gobierno.
“Son miembros del Servicio Exterior las personas naturales que laboran en el servicio externo e interno cuando se encuentren directamente ejerciendo atribuciones y obligaciones para cumplir los principios de la política y las acciones exteriores del Estado y el Gobierno”.
Al iniciar el debate, Danhiz Díaz Pereira, diputado por la Lisa, expresó que en referencia al artículo 8 inciso D propuso no enmarcar la denuncia solamente al tema del bloqueo, sino que este apartado incluya cualquier tipo de acciones coercitivas contra el país.
Por su parte, Rolando González Patricio dijo que coincide con “abrir” el espectro del inciso anterior, sin embargo no estuvo de acuerdo con eliminar la palabra bloqueo del texto jurídico. “No se trata de cualquier cuestión coyuntural, sino una conquista histórica y por tanto se debe hacer una valoración general”.
Desde la provincia de Matanzas intervino Pablo Odén Marichal. A su juicio le preocupa la mención exclusiva del gobierno de los Estados Unidos como único “agresor” contra la política exterior cubana y pidió poner “bloqueos”.
Más adelante, Regla Batista Angulo tomó la palabra desde Cienfuegos. La diputada pidió que el artículo 22 de la sección segunda incluya además de “Fomentar, en lo que le compete, el desarrollo de las relaciones políticas, comerciales, económicas, culturales, educacionales y científicas” el término deportivo.
Elba Martínez Amador, Jefa del Grupo de Asesoría Jurídica del Consejo de Ministros. Foto. Abel Padrón Padilla/Cubadebate
En otro momento del debate, Elba Martínez Amador, Jefa del Grupo de Asesoría Jurídica del Consejo de Ministros presentó la Ley de organización y funcionamiento del Consejo de Ministros.
“Esta norma recoge el Decreto-Ley 272 De la Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros, del 16 de octubre de 2010, así como los cambios constitucionales introducidos en la estructura del Estado”.
Según detalló, la Ley está dividida en 13 capítulos, 201 artículos y 3 disposiciones finales. Sobre el Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo expresa la definición e integración; atribuciones, reuniones y decisiones que lo enmarca.
Al comentar sobre este proyecto de Ley, José Ángel Castañeda propuso fusionar el artículo 29 y 30 de la sección quinta referidos a que el Consejo de Ministros emite Decretos y Acuerdos, los cuales son firmados por el primer ministro.
Félix Martínez Suárez por Guantánamo al referirse al artículo 84, relacionado con el cumplimiento de las atribuciones los viceprimeros ministros, pidió revisar la redacción.
Sobre artículo 119, inciso G, referente a la posibilidad de que el Consejo de Ministros suspenda los acuerdos y demás disposiciones de los consejos provinciales y de los consejos de la Administración Municipal que no se ajusten a la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, etc, Pavel Rodríguez Rodríguez por Holguín, comentó que podría crear conflictos dentro de los territorios porque se “puede estar poniendo restricciones a las facultades del Gobernador”.
Atendiendo la situación epidemiológica del país y en correspondencia al plan de medidas aprobadas para enfrentar la COVID-19 en la nación, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sesionará por primera vez de manera virtual.
Bajo este formato, unos 225 diputados estarán reunidos en el Palacio de las Convenciones de La Habana, mientras que el resto lo hará en sus provincias.
