Varios medios refireren en estos momentos la salida oficial de Nicaragua de la Organización de Estados Américanos (OEA).

El martes, la Asamblea Nacional de Nicaragua había aprobado, con 83 votos a favor y tres abstenciones, una declaración contra las reiteradas violaciones a la soberanía, independencia y autodeterminación cometidas por la OEA.

En uso de las facultades del artículo 138 de la Constitución política del país centroamericano y el artículo 92 de la Ley 606, los diputados condenaban las acciones injerencistas de la OEA, manifestadas en la resolución aprobada el 12 de noviembre último, en Guatemala.

El presidente de ese órgano legislativo, Gustavo Porras, significó que ese acuerdo viola el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, por lo que solicitaba al presidente, Daniel Ortega; y a todos los poderes estatales un pronunciamiento frente a ese reprochable acto injerencista, para la continuidad de la lucha de la soberanía y la dignidad nacional.

Dicha declaración instaba a la máxima dirección del país a denunciar la carta de ese foro, de acuerdo con el mecanismo estipulado en el artículo 43 de dicho instrumento, y la publicación de esa condena en la Gaceta Oficial.