Jobabo.- Hoy se le dio una mirada más ajustada y razonable a la solución del problema de los precios en alza, que además de reconocer se trata de un desequilibrio productivo (escasez por improductividad, para ser más específicos), tiene otro enfoque muy diferente a lo que se ha venido haciendo durante varios años.

No se van a topar precios, pues como es evidente, no funciona y solo genera fuga hacia otros territorios y una ausencia progresiva de los productos de primera necesidad, sobre todo alimentos. Lo que sí se va a hacer, es exigir fichas de costo y un margen comercial razonable que permita concebir precios no especulativos.

Con este enfoque, muy bien argumentado por el primer secretario del Partido en la provincia de Las Tunas, Manuel Pérez Gallego, y a partir de un estudio detallado de los costos de producción de alrededor de una decena de renglones agropecuarios, se implementará en los próximos días una serie de acciones dirigidas a implementar un mecanismo de control sobre los precios que beneficia tanto a productores como a comercializadores de una forma equilibrada, y que se traduce en una reducción gradual de lo que desembolsa finalmente la población local.

Las ventajas de un mecanismo diferente, aprovechando el marco legislativo vigente y medidas territoriales que no son limitativas, sino más bien concertadas y basadas en la gestión contable-económica de los procesos productivos y de comercialización, de implementarse correctamente, señalaron, puede agilizar la reducción de los procesos inflacionarios.

Durante el intercambio con actores económicos locales, estatales y privados, el delegado de la Agricultura en la provincia de Las Tunas, Yoel Vargas, expuso que sacando todos los gastos posibles, incluyendo pecios de insumos del mercado informal y evaluando los procedimientos de cultivos con bajos rendimientos, por ejemplo, libra de calabaza no sobrepasa los 6 pesos en coste de producción, aplicándole un 40% de ganancias, el campesino u unidad productiva, no debe venderlo por encima de los 7.71 pesos, mientras que el precio de venta a la población, aplicando estos procedimientos, estaría en menos de 11 pesos.

Aunque ello fue una referencia, la sugerencia fue aplicar este mismo procedimiento para calcular los precios de una manera coordinada y con el consenso del Comité de Concertación de Precios municipal, cuyas funciones están muy bien definidas en el Decreto Ley 35 y un grupo de normativas derivadas de ello. Insistió que la idea no está en imponer, sino demostrar los valores reales de toda la cadena productiva y comercial, y definir cuando los precios se salgan del rango de lo permisible.

El asunto no sólo se enfocó a los agropecuarios, también se indicó evaluar con rigor las fichas de costos de los productos de la red comercial y gastronómica, y de otros actores que comercializan productos y servicios a precios que sugieren ganancias muy por encima de sus costos reales.

Perez Gallego fue enfático en accionar con agilidad, ir a la legalidad de los procesos y actuar primero desde la óptica preventiva, transformadora, demostrativa y educativa. Al mismo tiempo precisó que se necesita bastante preparación para implementar este mecanismo de precios, no sólo entre los responsables directos de aplicarlos (productores y comercializadores), también por parte de los que deben controlar y dirigir la política.