Institucionalmente hubo respuesta en defensa de los Trabajadores por Cuenta Propia multados en Jobabo por ofertar aceite durante el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales la semana pasada.

La misiva enviada desde la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social a la Dirección Integral de Supervisión (DIS) expone la inconformidad con la aplicación de las medidas contravencionales violando decisiones de las autoridades locales que sí desde los meses de verano habían autorizado a un grupo de actores económicos del territorio a vender el referido producto industrial teniendo en cuenta las particularidades y necesidades de comercialización.

Explícitamente se exige desde la institución rectora del Trabajo por Cuenta Propia la anulación de las multas impuestas por este motivo, reflejando que el incidente pudo evitarse teniendo en cuenta que la implementación del autorizo era de conocimiento del equipo impositor pues forman parte del Grupo Multidisciplinario que lo acordó, en plena vigencia de las facultades que le atribuye la Ley 148 de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

La comunicación realizada a la DIS es clara en materia de derechos, y argumenta que la posibilidad de oferta del aceite por establecimientos de TCP, aún cuando no tengan incluido en su proyecto de Trabajo este tipo de productos industriales, se mantiene vigente hasta marzo de 2025, fecha en que culmina la actualización de la documentación acreditativa del objeto social de los actores económicos en las cuales los interesados deberán incorporar tanto el aceite como otro tipo de mercancías para el comercio minorista.

Aunque la misiva fue dirigida a la instancia municipal de Supervisión Integral, por esta vía se debería hacer llegar a la dirección provincial de esa institución y a otras direcciones del territorio que participaron en los controles realizados la semana pasada en el marco del ejercicio igualmente aplicando contravenciones por la oferta de aceite desoyendo las decisiones de las autoridades de Jobabo.

Si bien este caso puede resolverse por vía administrativa luego de la comunicación formal de la Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, los actores económicos afectados, pudieran interponer sus recursos de apelación ante el propio gobierno municipal o provincial, y ante los Tribunales Populares para restaurar la legalidad.

Este constituye el primer caso que abiertamente una institución de Jobabo reclama el restablecimiento de la legalidad ante imposiciones de multas a actores económicos teniendo en cuenta las decisiones facultativas de los órganos e instituciones del municipio de aprobar medidas económicas en beneficio de la oferta alimentaria a la población.