Jobabo.- Más de la mitad de 2024 dedicado a chequear las diferentes formas de producción agropecuaria deben incidir en la organización futura de la gestión del uso de la tierra, los recursos productivos del sector agropecuario y la sostenibilidad de los entes de organización del sistema de la agricultura, destacaron recientemente en Jobabo dirigentes provinciales de este sector.
La prioridad es ahora cuando concluya el ejercicio mantener con estricto rigor todo lo que en materia legislativa y organizativa garantice el control de los programas agrarios, la legalidad en el uso y explotación de la tierra, sobre todo las entregadas en usufructo, en cumplimiento de sus encargos sociales, y lograr que desde las unidades, sean cooperativas o entidades estatales, no desatiendan su radio de acción.
Aunque todavía falta concluir el resumen final de la investigación especial que se lleva a cabo aquí al sector ganadero y uso y tenencia de la tierra, los principales problemas detectados abarcan una serie de cuestiones en el orden organizacional que van desde los propios trámites de otorgamiento, papel de la comisión agraria, y calidad de los chequeos que se hacen al encargo productivo… hasta el entendimiento que son las juntas directivas y administrativas de las unidades agropecuarias quienes deben tener pleno dominio de lo que sucede en la base.
En no pocos espacios referidos al proceso en cuestión se ha abordado las situaciones de ilegalidad con los tenentes legítimos y los que explotan in situ los terrenos, algunos con procesos de herencia retrasados, y otros relacionados con la renovación de contratos de extensión de los usufructos, ubicaciones documentales, construcciones no autorizadas en las fincas y violaciones de los encargos para lo cual fueron otorgadas, es decir, tierras entregadas para cultivos varios dedicadas luego a la ganadería, y viceversa.
En el caso del control pecuario, lo mas llamativo han sido las violaciones del procedimiento registral, morosidad en las altas y bajas, su gestión documental por parte de los propietarios, traslados sin los debidos trámites y autorizaciones, y falta también de control de los dirigentes de las cooperativas.